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Los grupos parlamentarios de oposición en la Cámara de Diputados, PAN, PRI, MC y PRD, presentaron una acción de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con la que se crean los superdelegados y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que fue promulgada el pasado 30 de noviembre. El documento, recibido en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la tarde del 26 de diciembre de 2018, argumenta cinco puntos que, a decir de los legisladores, demuestran las violaciones que se cometieron al aprobar diversos cambios en la legislación.
El texto fue avalado por el coordinador del PAN en San Lázaro, Juan Carlos Romero Hicks; el del PRI, René Juárez Cisneros; el de MC, Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, y del PRD, Ricardo Gallardo Cardona.
Los líderes parlamentarios aseguran que hay “violación al principio de legalidad y de democracia representativa, fundamentalmente el principio deliberativo, derivado del procedimiento legislativo en el que se aprobó el decreto de reformas a diversos artículos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal”.
Lo anterior, debido a que el dictamen aprobado fue realizado después de un procedimiento viciado, que impidió el cumplimiento de las formalidades de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el Reglamento de la Cámara de Diputados, vulnerando los principios de la democracia representativa, fundamental para las distintas actividades de cualquier asamblea democrática.
Los legisladores argumentaron varias inconsistencias como que, pese a que el 13 de noviembre se levantó la sesión, el mismo día en una sesión ordinaria nueva se aprobó indebidamente esta ley.
Explicaron que hubo una violación a la soberanía de las entidades federativas prevista en los artículos 41, 116 y 122 de nuestra Carta Magna, por la inconstitucionalidad de los artículos 17 bis y 17 ter de la legislación.
Los legisladores del PAN, PRI, MC y PRD manifestaron su inconformidad por la nueva figura de superdelegados y denunciaron la aparición de un sistema centralista que, afirman, rompe con lo más esencial del sistema federal: la autonomía de las entidades federativas y la descentralización política.
Advierten que la creación de los superdelegados genera un estado generalizado de incertidumbre, en perjuicio de los principios de legalidad y seguridad jurídica.
Se les asigna un amplio margen de discrecionalidad para crear su propia estructura en torno a los programas que entregan beneficios sociales, sin la previsión de mecanismos de control y garantías institucionales, y por el contrario, la permisión al superdelegado para crear su ejército de funcionarios adscritos a esta labor, se abre un gran espacio para el ejercicio arbitrario del poder, manifiestan.
