El bloque de oposición en la Cámara de Diputados conformado por PAN, PRI, PRD y MC promoverá una acción de inconstitucionalidad conjunta en contra de la aprobación del artículo transitorio a la Ley Orgánica del Poder Judicial que extiende por dos años la presidencia de Arturo Zaldívar Lelo de Larrea al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

A través de un comunicado, integrantes de los partidos reclamaron que no es posible una democracia sin un Poder Judicial independiente que permita resolver los conflictos en forma imparcial y equitativa.

Ante esta situación, adelantaron que promoverán una acción de inconstitucionalidad contra la ley que aprobaron Morena y sus aliados, tanto en San Lázaro como en el Senado.

“Las fracciones del PAN, PRI, MC y PRD promoveremos de forma conjunta una acción de inconstitucionalidad en contra del artículo decimotercero transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, convencidos de que los ministros de la SCJN compartirán nuestra convicción de hacer valer la Constitución y proteger la división de Poderes, el Estado de derecho y la democracia”, expresaron.

El anuncio se da luego de que el 23 de abril el pleno de la Cámara Baja aprobó la Ley Zaldívar, en la cual se incluyó un artículo 13 transitorio que amplía dos años el periodo del actual presidente de la SCJN, así como de los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

La aprobación ha generado polémica, puesto que, de acuerdo con sus principales críticos, el objetivo de la misma es supeditar al Poder Judicial a las disposiciones del Ejecutivo federal. Inclusive, legisladores de oposición han acusado un “golpe de Estado técnico”.

Inconformes argumentaron que la norma no sólo contraviene los artículos 94 y 97 de la Constitución, sino que, adicionalmente, compromete la independencia del Judicial.

“Este artículo transitorio pretende supeditar al Poder Judicial al Ejecutivo federal, subyugar en la vía de los hechos a un poder que, para contribuir en la construcción de la democracia y garantizar los derechos fundamentales de los mexicanos, requiere de autonomía e independencia”, manifestaron.

En ese sentido, señalaron que es necesario impulsar la revalorización de la independencia, la imparcialidad y la responsabilidad de los jueces como referentes constitucionales de la administración de justicia.

Además, insistieron, se debe procurar la expansión de su legitimación democrática, “por su acción jurisdiccional de salvaguarda de las libertades, los derechos fundamentales y de tutela de los intereses legítimos, y no atacarlos un día sí y al otro también, simplemente porque sus decisiones son contrarias al designio presidencial y a sus leyes inconstitucionales”.

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