En diciembre de 2019, una persona que realizaba trabajos de mantenimiento en la fachada de un inmueble ubicado en la colonia Real de Santa Rosa, Uruapan, Michoacán, tocó accidentalmente un cable de energía eléctrica que cruzaba enfrente del local y recibió una fuerte descarga. Cayó al pavimento y perdió la vida.

Dos años después, el 13 de diciembre de 2021, la recibió una solicitud de información donde le pedían datos de la línea que electrocutó al trabajador. Querían que se informara si cumplía con la Norma Oficial Mexicana en la fecha del accidente. Le pedían que hiciera público si recibe mantenimiento, la distancia a la que se encuentra la línea y conductores de energía eléctrica del inmueble donde se produjo el accidente y la distancia a la que se encontraba aquel día fatídico.

Lejos de responder a la solicitud, la CFE negó el acceso. Afirmó que de entregarle la información sobre la línea pondría “en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura considerada de carácter estratégico”.

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La respuesta de la empresa estatal que dirige Manuel Bartlett Díaz no fue una excepción. En el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es la dependencia que más reserva información con el argumento de “seguridad nacional”, por encima del Centro Nacional de Inteligencia, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Marina.

“Tres sujetos obligados concentran 56.6% de esas solicitudes: la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con 271 (35.9%); el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), con 88 (11.6%) y la Secretaría de Salud (Ssa), que recibió 69 (9.1%)”, informó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) ante una solicitud directa.

Durante el periodo de Enrique Peña Nieto, la CFE también fue una de las dependencias que más utilizaron la “seguridad nacional” para no dar información, pero en el lapso de Bartlett Díaz creció 234%. En promedio, en el sexenio pasado se negó información por seguridad nacional cada 27 días (81 casos), con Bartlett se ha recurrido a ese argumento cada seis días (271 casos).

En otra solicitud del 25 de septiembre de 2021, se pidió a la CFE información sobre la infraestructura eléctrica de una colonia de Quintana Roo. Esta fue la petición textual: “El número de acuerdo en donde se especifica la cantidad en metros de cableado eléctrico, cantidad de transformadores con respectiva descripción de su estado y condición, cantidad de postes de luz pertenecientes a la comisión con respectiva descripción, estado en el que se encuentra y enumeración que le corresponda, con respectivo croquis”.

En respuesta, la CFE envió una tabla con datos numéricos, pero clasificó como reservada por seguridad nacional la ubicación de los postes, los transformadores y el croquis porque, de acuerdo con la empresa, dar a conocer esa información “pone en riesgo la continuidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica”.

En los cuatro años y tres meses que Bartlett Díaz lleva al frente de la CFE le han solicitado información sobre las condiciones de funcionamiento de las estaciones hidrométricas y meteorológicas en la cuenca del río Grijalva, los datos sobre las emisiones contaminantes generadas en las centrales eléctricas, la cartografía del Proyecto Integral Morelos o los metros de cableado eléctrico, entre otros. En todos los casos se clasificaron los datos como seguridad nacional. Se presume desde la autoridad que pueden ser utilizados para dañar al Estado.

“Se habla de mucha transparencia, de mucha apertura, pero al momento que a los sujetos obligados se les requiere información por parte de la ciudadanía, pues la niegan”, critica en entrevista Norma Julieta del Río, comisionada del Inai.

Se pidió una entrevista a la coordinación de Comunicación Corporativa de la CFE para hablar del tema, pero hasta el cierre de esta edición no hubo ninguna respuesta a la solicitud.

Aún más opacos

Datos del Inai revelan que desde el inicio de esta administración y hasta el 16 de febrero de 2023 se han emitido 756 respuestas de parte de 55 entidades de gobierno, en las que se reservan los datos por seguridad nacional.

La cifra total de negativas ya superó 16% los casos reportados en todo el sexenio pasado, y es que de acuerdo con datos que el Inai entregó, durante el gobierno de Peña Nieto se recurrió en 653 veces a ese argumento.

“Es muy claro y evidente que hay un incremento de limitaciones del ejercicio del derecho a la información a través de distintas causales; una de ellas es seguridad nacional, la otra es inexistencia de información y la otra puede ser temas que están en investigación, con procesos abiertos y pueden generar afectaciones a la confidencialidad”, explica en entrevista Sarahí Salvatierra, coordinadora del Programa de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de la organización Fundar.

Desde la perspectiva de la especialista, hay dos momentos importantes en el desarrollo del ejercicio del derecho a la información en los últimos 10 años, uno positivo y otro negativo.

El primero de ellos sucedió en 2015, cuando se aprobó la Ley General de Transparencia y generó un piso mínimo legal para el acceso a la información pública en todo el país, incluida la creación de un repositorio único y transversal para la información pública y las solicitudes de información: la Plataforma Nacional de Transparencia, lo que ha facilitado el proceso.

El segundo momento, el negativo, se produjo en noviembre de 2021, cuando el presidente López Obrador emitió un decreto que cataloga de “interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del gobierno de México”.

El documento ubica que se trata de proyectos “asociados a infraestructura de los sectores comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades, energético, puertos, aeropuertos y aquellos que por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud, se consideren prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional”.

El decreto fue combatido por el Inai, que llevó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la controversia y logró la suspensión del acuerdo, aunque de manera provisional, ya que hasta el momento el Máximo Tribunal no ha resuelto de fondo en dicho procedimiento.

En una sesión del pleno del Inai, que se realizó en mayo del año pasado, en la que se resolvía una negativa de la Comisión Nacional del Agua para hacer público un contrato con un proveedor por el servicio de ciberseguridad, el comisionado Javier Acuña expuso: “Reserva por seguridad nacional es muy socorrida, es usada como una salida muy generosa, de esas que casi sirve para todo, como el Windex, que hasta para curar heridas se usa, pues así se utiliza con frecuencia la reserva por seguridad nacional”.

La SCJN, la otra arena

Norma Julieta del Río, comisionada del Inai, afirma que en el intento por detener el acceso a la información hay, incluso, dependencias de gobierno que han optado por combatir las resoluciones del organismo garante de transparencia ante la Suprema Corte de Justicia.

Aunque la ley en la materia establece que las resoluciones del Inai son inatacables y sólo el consejero jurídico de gobierno podrá acudir a la Corte a tratar de revertir alguna resolución, son varias dependencias las que han acudido ante esa instancia.

Los datos estadísticos a los que se tuvo acceso para este trabajo muestran que los recursos de revisión en materia de seguridad nacional que han llegado a la SCJN son 45, y que se empezaron a tramitar en 2015, el año que en entró en vigor la Ley General de Transparencia, durante el sexenio de Peña Nieto.

Pero fue a partir de 2021 cuando esa herramienta legal tuvo una explosión en su uso. Ese año se tramitaron 27 casos, y de este año se han resuelto dos hasta el momento, ambos de peticiones de información sobre la compra de vacunas para la pandemia.

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