Más Información
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) urgió al gobierno mexicano a investigar el uso de fuerza letal aplicada por elementos del Ejército durante un operativo en Nuevo Laredo, Tamaulipas, que dejó un saldo de 12 civiles muertos el pasado 3 de julio.
Apenas el lunes EL UNIVERSAL dio a conocer un video que revela que ese día, al concluir un enfrentamiento nocturno entre militares y sospechosos, al menos una persona estaba viva dentro de un vehículo y que los soldados ordenaron matarla.
“Las imágenes sobre el uso de la fuerza letal por parte de elementos de Sedena son preocupantes y reflejan conductas que pueden constituir uso excesivo de la fuerza letal y otras violaciones de derechos humanos. Estos hechos evidencian la importancia de que el despliegue de las fuerzas armadas ocurra en forma extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria, tal como lo establecen la Constitución”, señaló la ONU-DH.
Por este motivo, el organismo internacional pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) realizar una investigación exhaustiva e imparcial a fin de ubicar a los responsables de la presunta violación a los derechos humanos de los civiles que fallecieron en el operativo.
“La investigación pronta y efectiva de estos hechos puede romper con prácticas que en el pasado obstaculizaron el acceso a la verdad y la justicia en casos de violaciones a derechos humanos cometidas por militares”, dijo en un comunicado.
También lee: Raúl Rodríguez - El video que realmente preocupa a AMLO
Opinaron que aunque López Obrador ha dicho que su política de seguridad es de “abrazos y no balazos”, la realidad es que tiene características muy similares a la que se empezó a implementar hace más de 12 años para combatir al narcotráfico.
“La política de seguridad de la actual administración no ha variado respecto de las políticas de los dos gobiernos anteriores. Él [López Obrador] ofreció una estrategia de seguridad donde los militares no serían parte de la ecuación, pero en los hechos no sólo hemos visto la continuación de la política de seguridad, sino el reforzamiento de la perspectiva militar”, señaló José Guevara, director ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).
El experto aseguró que desde la CMDPDH han observado detenciones, eventos de tortura y masacres cometidas por las Fuerzas Armadas en el actual sexenio, y lamentó que estos acontecimientos seguirán si no se fortalece la procuración de justicia.
Coincidió Édgar Cortez, coordinador de proyectos del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, quien señaló que los hechos en Nuevo Laredo “actualizan la preocupación que las organizaciones tenemos respecto a que la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad tiende a llevar a sucesos como estos, básicamente porque los militares tienen una formación para enfrentar a un enemigo y acabar con él”.
Pidió que se castigue a toda la cadena de mando involucrada en el operativo del 3 de julio y recalcó que la política federal de seguridad sigue siendo la misma de sexenios anteriores, aunque se diga que no es así.
“Lo que dice el Presidente es su deseo, el mensaje que quiere dejar claro, pero la realidad no se resuelve así. Eso significaría que las Fuerzas Armadas tuvieran mecanismos de control interno mucho más estrictos para que esto no sucediera. En el caso de estos operativos, es evidente que los manuales no se aplican y, segundo, que en casos similares que han ocurrido en años anteriores ha prevalecido la impunidad”.
En un comunicado, México Unido contra la Delincuencia (MUCD) lamentó que las ejecuciones extrajudiciales siguen ocurriendo en el país por la falta de controles y regulaciones para las Fuerzas Armadas.
“Ejecuciones extrajudiciales como ésta, que tuvo lugar el 3 de julio de 2020, no deben tener lugar en un país democrático. La privación deliberada y arbitraria de la vida a una persona en circunstancias que no corresponden al uso legítimo de la fuerza es una violación grave de derechos humanos que constituye responsabilidad internacional para el Estado que la comete o la posibilita”, señaló MUCD.
