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La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) condenó los asesinatos de tres periodistas mexicanos , ocurridos en el transcurso de una semana.
Se trata de Rogelio Barragán Pérez de Morelos, Edgar Alberto Nava López , de Guerrero y Jorge Celestino Ruiz Vázquez de Veracruz. Con ellos, se contabilizan 10 asesinatos de informadores en durante 2019.
"Con los asesinatos de los señores Barragán, Nava y Ruiz, ya son al menos 10 los periodistas asesinados durante 2019. En 2018, la ONU-DH registró el asesinato de al menos 12 periodistas y la desaparición de otro. A estos asesinatos se suman otros ataques contra medios de comunicación ", dijo el organismo internacional.
La ONU-DH hizo un llamado a que estos asesinatos y agresiones sean "debida y exhaustivamente investigados a la brevedad" y que los responsables sean presentados ante la justicia.
Se demandó agotar todas las líneas de investigación, incluida la actividad periodística, y tomar en cuenta las amenazas y ataques previos que se habían producido, e incluso denunciado, en algunos de los casos.
“La situación de periodistas y defensores de derechos humanos en México continúa siendo muy preocupante” afirmó Jan Jarab, representante en México de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos.
“Poner fin a (la impunidad) será la mejor medida de prevención de agresiones y de protección de quienes se dedican al ejercicio de la actividad periodística", agregó.
, cuyo cuerpo sin vida fue localizado en el municipio de Zacatepec, Morelos, el 30 de julio, colaboraba con el medio Guerrero al Instante.
, asesinado el 2 de agosto en Zihuatanejo, Guerrero, dirigía el medio digital La Verdad de Zihuatanejo, además de desempeñarse como funcionario del gobierno municipal. Nava, así como otros periodistas de la zona, habrían recibido amenazas previamente por su labor periodística.
, asesinado el 2 de agosto en Actopan, Veracruz, colaboraba con el periódico El Gráfico, de Xalapa. Ruiz había denunciado con anterioridad ataques y amenazas en su contra ante la fiscalía estatal y contaba con medidas de protección otorgadas por las autoridades estatales.
lsm
