Más de 100 organizaciones sociales rechazaron que los ocho reclusorios federales donde tiene participación la iniciativa privada sean “hoteles de lujo” , como lo dijo ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina, pues algunos de estos espacios tienen deficiencias en sus servicios de salud, además de no tener suficientes actividades laborales, educativas y de capacitación para la población penitenciaria.
Ayer el presidente López Obrador criticó que en el sexenio de Felipe Calderón el gobierno firmó contratos con empresas para que otorgaran servicios en ocho prisiones a cambio de 266 mil 300 millones de pesos, de los que falta pagar 190 mil millones. También calculó que en promedio se gasta más de 3 mil pesos al día por persona privada de la libertad en estos espacios.
Sin embargo, aunque las asociaciones reconocieron la intención del gobierno federal de dar a conocer información sobre los contratos, también advirtieron que no se puede considerar que los internos viven en condiciones de lujo porque se siguen vulnerando sus derechos.
“El peligro de señalar estos centros como ‘hoteles de lujo’ lleva a desviar la conversación de la realidad del sistema penitenciario: tortura sistemática, abuso de prisión preventiva, reincidencia delictiva, violencia sexual, violencia institucional contra las mujeres, personas de la comunidad LGBTTTQI+ olvidadas, hacinamiento, autogobierno, falta de condiciones de vida digna, víctimas de abuso y las miles de personas que por los traslados masivos han sido alejadas de sus familias”, señalaron las organizaciones.
Los ocho reclusorios federales referidos por el presidente se ubican en Sonora, Guanajuato, Oaxaca, Durango, Chiapas, Morelos, Michoacán y Coahuila. Las empresas que ofrecen distintos servicios a las prisiones son Exi Quantium, GIA, DIP, Capital Inbursa y Black Rock.
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Las ONG retomaron el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2019 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para indicar que en siete de los ocho reclusorios hay deficiencias en servicios de salud; insuficiencia de actividades laborales, educativas y de capacitación, y en tres de las ocho cárceles hay una inadecuada vinculación de la persona privada de libertad con la sociedad.
“Estos mismos centros, como bien lo expusieron activistas, litigantes e incluso el Instituto de Defensoría Pública Federal, han incurrido en violaciones de derechos humanos que caen en las peores expresiones de tortura sistemática que existen en el país (...) Mujeres a las que se les niega el acceso a cualquier tipo de servicio sanitario, restricciones de agua y obligación a beberla de los mingitorios, tortura a través de control de sonidos y luz, depravación de sueño, técnicas despersonalización y de sometimiento”, criticaron las ONG.
Entre las organizaciones que firmaron este pronunciamiento se encuentran Asistencia Legal por los Derechos Humanos (AsiLegal), Documenta, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, Reintegra y la Red TDT.
kl
