Mediante la expedición de 22 mil 933 facturas falsas , se encontró que desde 90 de las principales instituciones del sistema nacional de salud en el país y los organismos locales de 30 entidades, se desviaron 4 mil 179 046 millones de pesos al dispersar estos recursos a 837
, encontraron las organizaciones Impunidad Cero y Justicia Justa.
Con estos recursos se podría haber atendido a los pacientes en 80 mil camas de hospital o se les pudo haber dado seis meses de tratamiento a 41 mil pacientes de cáncer de mama .
“Estamos hablando de un cuestión sistémica que realmente lo que afecta es a las clases menos privilegiadas de este país que no tienen acceso a servicios privados, sino a los servicios de salud de los estados”, dijo Luis Pérez de Hacha, director de Impunidad Cero.
“Las empresas fantasmas son una epidemia. Son falsas las obras y servicios que proporcionan. Se les han cargado los dados para la evasión de impuestos y la evasión fisca l. Donde está la mayor participación de empresas fantasmas es en el sector público, aunque facturan a contribuyentes y a gobierno”, dijo.
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El estudio "Facturas falsas: la epidemia en el sector salud", que presentaron dichas organizaciones en conferencia de prensa, cuenta con la información de más de 200 solicitudes de investigación.
A través de ellas, el reporte detalla que entre 2014 y 2019, en 30 de los 32 estados se usaron modelos desde instituciones como el seguro social y el ISSSTE basados en facturas falsas para desviar recursos públicos.
"No sabemos quién compra, quién ejerce, quién va a recibir las facturas y por lo tanto quién ejerce los recursos públicos", señala el reporte.
Se identificaron 16 esquemas del modus operandi a través de empresas fantasma para desviar el dinero. Las empresas fantasma regularmente ya han sido reportadas ante el Servicio de Administración Tributaria ( SAT ), pero ni siquiera dejan de recibir sus pagos a pesar de que ya estén reportadas, puesto que no se les congelan las cuentas.
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Las empresas desaparecen una vez que son reportadas por el SAT, pero las mismas personas que las conformaron, constituyen nuevas entidades con otras denominaciones y vuelven a utilizar a los mismos socios. Es un esquema donde se va sustituyendo una empresa por otra.
Este tipo de empresas se constituye a través de socios no identificables, robo de identidad o personas que no se pueden localizar. Habría que investigar dónde y en qué lugares tienen sus domicilios fiscales, puesto que regularmente los tienen en colonias populares, casas particulares y hasta terrenos baldíos.
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“En todas ellas, quien emite la factura es una empresa fantasma y quien las recibe es una institución de salud a nivel federal o estatal. Eso lo hace diferente de cualquier otra factura que pudo haber sido emitida por empresas fantasmas. Quienes recibieron estas facturas son instituciones del gobierno por bienes o servicios simulados o inexistentes”, explicó Denise Tron Zuccher, investigadora de Justicia Justa, que participó en la elaboración del reporte.
“Si bien existen facturas que dicen que se adquirió material de curación, se contrató algún servicio de una empresa de construcción… es falso. No hay materialidad en todos esos bienes y servicios que se hacen constar en esas facturas”.
El otro esquema es el de las multi estatales, empresas fantasma que operan con diferentes instituciones en diferentes estados; que no se limitan a una cuestión de salud, sino que operan en redes. Por ejemplo, un triángulo de operación de empresas fantasma en Campeche, Quintana Roo y Yucatán.
En total, se detectaron 45 empresas fantasmas que operan en dos o más estados.
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Un caso relevante es la Comercializadora RAMAJA S.A. de C.V. que opera en 11 entidades y 21 instituciones de salud, la cual recibió un total de 300 millones 881 mil pesos por concepto de facturas falsas.
Esta empresa fantasma no recibe los contratos de instituciones públicas, sino que son los propios trabajadores y servidores públicos de estas instituciones de salud contratan su servicio para la comprobación de viáticos, por lo que se detectó que puede trabajar en otros sectores.
“Esta empresa expide facturas por servicio de hospedaje y alimentos. Los servidores públicos adquieren estas facturas para después solicitar el reembolso a las instituciones de salud. Es un robo hormiga a nivel nacional. Aquí no es cuántos ceros tiene, sino que es una práctica que se esparce por todo el territorio nacional: son servidores públicos que están robando recursos de las instituciones para las que trabajan”.
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