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Al menos 126 organizaciones de la sociedad civil y más de 500 académicos y ciudadanos llamaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a ponerse del lado del derecho a la información pública y no acompañar el proyecto de sentencia de la ministra Loretta Ortiz Ahlf, que propone invalidar la controversia constitucional del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) contra la omisión del Senado en el nombramiento de los comisionados faltantes.
El Observatorio de Designaciones Públicas, Artículo 19, el Observatorio de Participación Social y Calidad Democrática de la Universidad Iberoamericana de Puebla y Fundar presentaron ayer un posicionamiento en el que advirtieron que la aprobación del proyecto implicará graves retrocesos en materia de transparencia en el país.
En conferencia de prensa, Itzel Checa, coordinadora del Observatorio de Designaciones Públicas, afirmó que el Senado acumula 467 días de retraso en dos de las designaciones de comisionados correspondientes al año pasado y 102 días para una tercera vacante registrada en abril.
“Esta omisión no es causal ni aislada, es una estrategia del actual gobierno para debilitar instituciones que tienen un rol de control, de contrapeso y de garantía de derechos humanos (...) De un universo de 19 instituciones, ocho presentan 13 designaciones pendientes que se suman a otro conjunto de 44 designaciones no resueltas para distintos tribunales electorales estatales o salas regionales, estamos hablando de un conjunto de más de 60 designaciones que están acumuladas”, expuso.
En tanto, Mayra López Pineda, de Artículo 19, calificó de preocupante el análisis que realizó la ministra Ortiz Ahlf en su proyecto de sentencia en el que determinó que el Senado no ha incurrido en omisión en los nombramientos de los comisionados del Inai.
El director de Fundar, Diego de la Mora, expuso que si los ministros aprueban el proyecto y aceptan que el Senado no nombre a los comisionados, no sólo debilitan al Inai, sino también a la Suprema Corte de Justicia.
“Se estarían dando un balazo en el pie, porque en algún momento el Senado tendrá que nombrar a ministros para que suplan a los que se vayan retirando y esto sentaría un pésimo precedente”, dijo.
