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Bruselas.— La apertura, la disponibilidad y el reconocimiento de que México vive una gran crisis de derechos humanos son distintivos de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero también la incongruencia, la imprecisión y la falta de concreción de los compromisos.
Ese es el diagnóstico expuesto por diversas ONG ante miembros de la nueva legislatura del Parlamento Europeo, en una sesión convocada este martes en el edificio Altiero Spinelli para discutir sobre el deterioro de las garantías individuales y la respuesta gubernamental.
“Con esta administración seguimos viendo una gran oportunidad para colaborar y poder construir en la agenda de derechos humanos, pero lo cierto es que empiezan a haber inconsistencias. Efectivamente sólo han sido nueve meses, pero hay inconsistencias muy fuertes”, dijo Olga Guzmán, directora de Incidencia de la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.
Entre las mayores preocupaciones señaló el haber creado una institución de seguridad diseñada bajo un paradigma castrense, la Guardia Nacional, cuando se ha documentado que 67% de las violaciones graves de derechos humanos han sido cometidas por miembros de las Fuerzas Armadas.
Las garantías obtenidas en la reforma de 2008 van igualmente en “franco retroceso” con la contrarreforma al nuevo sistema de justicia penal, agregó la activista.
También inquieta la política del “dedazo y el amiguismo” en el nombramiento de puestos clave, pues compromete la independencia de instancias esenciales para acabar con la impunidad, como la Fiscalía General de la República, la Suprema Corte de Justicia y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
“Vemos voluntad, pero no resultados concretos. México sólo trabaja y avanza cuando tiene un foco internacional que lo esté presionando”, dijo por su parte Maricela Vázquez, abogada del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte.
Titulada Situación de los derechos humanos en México: retos y propuestas de acción, contó con la presencia de los eurodiputados Ignacio Sánchez Amor del Grupo Socialista, Diana Riba, del Grupo de los Verdes, y Eugenia Rodríguez Palop, de Izquierda Unitaria, así como representantes de una docena de ONG, como Servicio y Asesoría para la Paz y Front Line Defenders.
