El pleno del Senado aprobó y turnó a la Cámara de Diputados una reforma que busca dar certeza laboral y seguridad social a 3 millones de jornaleros agrícolas, pero el dictamen no incluye recursos para su aplicación, ni medidas contra las extorsiones que sufren, trata de personas, cobro de piso en prácticamente todas las zonas de alta producción agrícola, ni la exposición de los jóvenes campesinos al consumo de drogas en algunas regiones.
La reforma avalada por unanimidad tampoco prevé en sus artículos transitorios recursos presupuestales para que la Secretaría del Trabajo cuente con inspectores suficientes para hacer cumplir la ley en casos de explotación laboral, mucho menos para que la Secretaría de Educación Pública (SEP) garantice la educación de los hijos de los jornaleros, ni mucho menos recursos para brindarles atención médica.
Especialistas calificaron la reforma bien intencionada, con muchos temas que ya están en la ley actual, pero que no incluye los asuntos que viven los jornaleros y sus familias en sus traslados desde sus comunidades hacia las zonas agrícolas, ni las situaciones de extorsión, trata de personas y secuestros que ocurren en las regiones aguacateras y limoneras de Michoacán; en los campos de tomate de Sinaloa o donde se producen hortalizas en Guanajuato, Jalisco y Baja California.
Paulino Rodríguez, encargado de atención a población jornalera agrícola del Centro de Derechos Humanos La Voz de La Montaña Tlachinollan, dijo a EL UNIVERSAL que lamentablemente las reformas que se aprueban en el Congreso de la Unión no toman en cuenta la realidad de los trabajadores del campo, no sólo de explotación extrema, trata de personas, sino también, en los últimos tres años, de asaltos, secuestros y asesinatos.
“La inseguridad está trastocando a la población jornalera agrícola migrante, no sólo los más de 15 mil que cada año emigran por temporada de los municipios de La Montaña de Guerrero, ya que ello afecta a otros originarios de Veracruz, Morelos, Oaxaca, Chiapas que viajan a las zonas receptoras o estados agrícolas del país”, apuntó.
“La violencia ya es de otro nivel en zonas como Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Sinaloa, donde han secuestrado, robado sus pertenencias e incluso asesinado a jornaleros agrícolas migrantes”, expuso.
Dijo que hay un grupo de unos 3 mil jornaleros de esa zona de Guerrero que viajaban por su cuenta, en sus propias camionetas, a estados del norte o del Bajío, los cuales han sido extorsionados, asaltados y, en estados como Michoacán, incluso asesinados en los últimos años.
“Hay un descobijo legal, también de parte de las autoridades ante estos delitos que en la mayoría de los casos ni siquiera se denuncian por temor a represalias de los grupos criminales; es decir, los jornaleros están expuestos por un lado a explotación laboral extrema, que incluye trata de personas y por otro, a la violencia a la que los somete el crimen organizado”, indicó.
Agregó que hay otros delitos que tampoco se contemplan en las leyes aprobadas y que afectan a los jornaleros agrícolas, como son los casos de trata de personas en viñedos de Sonora, en Chihuahua e incluso en Los Cabos, Baja California Sur.
A finales de mayo de este año, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) difundió un video donde uno de sus integrantes, con pasamontañas y armas de grueso calibre, afirmó que esa organización no extorsiona a los jornaleros agrícolas y acusó a Los Caballeros Templarios de cobrar un peso por cada kilo de limón y aguacate que cortan los trabajadores del campo.
Activistas y líderes religiosos de la Tierra Caliente de Michoacán han denunciado los casos de secuestro y extorsión que sufren en esa región, no sólo los dueños de huertas y ranchos, sino también los jornaleros agrícolas que, aseguran, ya no les preocupa la baja paga, ni las jornadas extenuantes, ni siquiera la exposición a plaguicidas, sino la presencia de los cárteles que los extorsionan y secuestran.
El pasado mes de agosto, cientos de productores de limón decretaron un freno a la cosecha de ese cítrico durante casi un mes, ante las extorsiones de los grupos del crimen organizado que operan en la Tierra Caliente, como Los Viagras, Los Caballeros Templarios y el Cártel Jalisco Nueva Generación. Las amenazas son también para los jornaleros y sus familias, aseguraron.
El 12 de septiembre pasado, en el municipio Tepalcatepec, Michoacán, se reportó el asesinato de tres jornaleros, ultimados a disparos y con las manos atadas a la espalda. Vecinos de la comunidad de Las Juntas fueron quienes dieron parte a las autoridades locales.
Autoridades municipales resguardaron el territorio. Se presume que los perpetradores son integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación que constantemente han atacado a la comunidad.
No obstante, en el dictamen aprobado no se hace ninguna consideración a este tipo de violencia en contra de millones de jornaleros que están expuestos en carreteras a extorsiones y otros delitos, aseveró Isabel Margarita Nemecio, integrante de la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas.
La experta comentó que la reforma no contempla ni presupuesto, ni los mecanismos para hacer cumplir la ley en temas como los inspectores en los campos agrícolas, los apoyos para albergues, la educación de los hijos de los jornaleros, ni mucho menos cuestiones en materia de salud o campañas contra el tráfico y consumo de drogas.
Expuso que en zonas agrícolas de Sinaloa se han detectado casos de trata de personas, de trabajo forzado en Jalisco, pero también la presencia de grupos delictivos que presionan a jóvenes jornaleros para la compra y consumo de drogas, todo ello sin ningún tipo de protección para la población migrante por parte de ninguna autoridad.