Gisela Morales González, oficial mayor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), defendió ante legisladoras y legisladores de la Cámara de Diputados el presupuesto que solicitó el Poder Judicial para 2024, así como la integración de los fideicomisos.
En reunión de trabajo de la Comisión de Justicia, Gisela Morales confrontó a los diputados de Morena, quienes acusan de ilegal la integración de los 14 fideicomisos que tiene el Poder Judicial, por presuntamente estar nutridos de subejercicios.
“Tenemos la información de que los recursos excedentes de los presupuestos anuales los han estado acumulando para integrarlos a los fideicomisos y quiero saber si están conscientes que eso viola la ley de presupuesto”, dijo el diputado morenista, Juan Ramiro Robledo.
Al respecto, Morales González pidió a los legisladores diferenciar entre lo que es un subejercicio, una economía y un ahorro: “Las economías y los ahorros derivan de los esfuerzos que hacemos los entes públicos para ajustar nuestro gasto de operación y que a través de esos esfuerzos nosotros podemos contener el gasto, al cierre del ejercicio pueden resultar disponibilidades por diferentes razones que pueden derivar de contratos abiertos, de diferencias cambiarías, y de algunos otros conceptos”.
De ahí, puntualizó, surgen los recursos que se acumulan en los fideicomisos, mientras que las disponibilidades del presupuesto se han reintegrado a la tesorería de la federación.
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“No transferimos subejercicios a los fideicomisos y las disponibilidades, al cierre del ejercicio, las reintegramos a la tesorería de la Federación. En lo que va de este año nosotros hemos reportado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público más de 700 millones de pesos que hemos generado entre el Consejo de la Judicatura y la Suprema Corte.
“En 2022 reportamos 2 mil 895.7 millones de ahorro y fue lo que se reintegró la tesorería de la federación al cierre del ejercicio por concepto de ahorros y economías”, aseveró.
Hamlet Almaguer, diputado de Morena, denunció que en 2018 la propia Auditoría Superior de la Federación (ASF) observó los fideicomisos del Poder Judicial, y detalló que en los informes se encontraron diversas irregularidades, aunque no detalló cuáles.
En respuesta, la oficial mayor puntualizó que, en efecto, en 2018 la ASF realizó fiscalizaciones entre las cuales revisó los fideicomisos del Poder Judicial de la federación, pero señaló que “en ninguna parte de esos informes ustedes podrán encontrar una aseveración de la Auditoría Superior relativa a la ilegalidad de la conformación de los fideicomisos o a un manejo inadecuado de los mismos, lo que ellos emitieron fueron recomendaciones, que tienen una diferencia sustancial respecto a hallazgos que pueden representar faltas administrativas”.
Sobre los conceptos presupuestales del Poder Judicial que pueden ser considerados como “privilegios”, como lo es la compensación garantizada y la gratificación de fin de año, Gisela Morales explicó que son conceptos reconocidos en la Ley Federal de remuneraciones, los cuales forman parte de las percepciones ordinarias y extraordinarias de todos los servidores públicos de todos los poderes.
“Todos ustedes podrán encontrar en sus recibos de nómina estos conceptos, la gratificación de fin de año forma parte de una percepción extraordinaria que se otorga el cierre del año, nosotros nos apegamos de hecho al mismo criterio que emite el titular del ejecutivo Federal para el otorgamiento de la gratificación de fin de año, mientras que la compensación garantizada forma parte también del sueldo mensual y es una percepción ordinaria”, indicó.
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Defiende recursos solicitados por PJF en PEF 2024
Al hablar sobre la integración del presupuesto que solicitó el Poder Judicial para el año 2024, explicó que estos recursos ascienden a 84 mil 792.4 millones de pesos, lo que representa en términos reales un incremento de 4%. Sostuvo que “cada peso está sustentado” y será orientado a garantizar el derecho humano de acceso a la justicia.
Explicó que en los últimos cinco años, el presupuesto autorizado al Poder Judicial ha disminuido en términos reales, en más de 15%, periodo en que la carga de trabajo en tribunales y juzgados federales se incrementó en 28%.
“El Poder Judicial ha hecho esfuerzos para racionalizar su gasto y mejorar su ejercicio”, aseveró. Detalló que a la fecha cuenta con 63 órganos jurisdiccionales más de los que tenía en 2018 y ha podido contratar a 22% más defensores públicos, entre otras acciones.
Puntualizó que del total de recursos solicitados, casi el 85% se destinará a cubrir las remuneraciones de más de 55 mil 800 personas que laboran en el Poder Judicial.
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“Señoras y señores diputados, el Proyecto de Presupuesto del Poder Judicial Federal para 2024 se encuentra estrictamente apegado al marco legal definido para su construcción y está debidamente sustentado normativamente para cada rubro de gasto. Si revisan a detalle el Proyecto de Presupuesto del Poder Judicial, podrán observar que cada peso considerado está orientado a financiar su operación; es decir, para garantizar el derecho humano de acceso a la justicia y a ampliar su alcance, sobre todo a la luz de las nuevas obligaciones establecidas por las reformas recientemente aprobadas”, declaró.
Morales González agregó que lo solicitado por la SCJN y el Consejo de la Judicatura considera 2 mil 609.8 millones de pesos adicionales, que en términos reales se destinarán, fundamentalmente, a crear 22 tribunales para atender las obligaciones derivadas de la reforma laboral, aprobada por la propia Cámara de Diputados; instalar seis nuevos Centros de Justicia Penal; constituir el Instituto Federal de Justicia Alternativa para implementar el nuevo modelo de justicia civil y familiar; y crear 14 órganos jurisdiccionales y la Unidad de Peritos Judiciales, entre otras cosas.
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