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Durante el año pasado, la tasa de ocupación de los centros penitenciarios en 15 entidades del país superó su capacidad de reclusión, de acuerdo con datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Al considerar a las personas privadas de la libertad/internadas según los espacios disponibles, los estados que reportan los niveles más altos de sobrecupo son el Estado de México, con tasa de 242.0%; Nayarit, 191.7%; Durango, 151.0%; Puebla, 140.8%; Morelos, 139.8%; Coahuila, 139.4%; Quintana Roo, 131.3%; Sonora, 124.6%, y Tabasco, con 121.7%.
Les siguen Guanajuato, Michoacán, Aguascalientes, Nuevo León, Guerrero y Chihuahua, con un sobrecupo penitenciario de entre 114% y 105%.
A escala nacional, los centros penitenciarios estatales y los especializados reportaron una tasa de ocupación de 107.0%, mientras que en los centros federales era de 66.5%, pero con una tasa de crecimiento anual de 11.7 puntos porcentuales.
Al cierre de 2022, la infraestructura penitenciaria nacional se conformó por un total de 314 centros penitenciarios: 15 federales, 248 estatales y 51 especializados, destinados al internamiento o semi internamiento de adolescentes, tales como los centros de tratamiento o internamiento, escuelas de readaptación social, comunidades, albergues o cualquier otro destinado a cubrir ese tipo de funciones.
Población internada
En los ámbitos federal y estatal, la población privada de la libertad/internada se conformó por 226 mil 116 personas en 2022, cifra 2.6% mayor a los 220 mil 419 reportados un año antes, revelan los datos publicados por el Inegi.
De este total, 207 mil 140 (91.6%) correspondieron al ámbito estatal y 18 mil 976 (8.4%) al federal. Además, 94.4% correspondió a hombres y 5.6%, a mujeres, de acuerdo con los resultados de los censos nacionales de sistemas penitenciarios en los ámbitos federal y estatal.
De acuerdo con el estatus jurídico de las personas privadas de la libertad/internadas en los centros penitenciarios y centros especializados, 88 mil 172 se encontraban sin sentencia, 23 mil 653 con sentencia no definitiva y 111 mil 162 con sentencia definitiva.
Esto implica que 39.0% de la población privada de la libertad/internada no contó con una sentencia. Para las mujeres este porcentaje fue de 49.3%, mientras que para los hombres fue de 38.4%.
En comparación con 2021, la población privada de la libertad/internada con sentencia aumentó 8.7%, mientras que la que no tiene sentencia disminuyó 5%.
En 2022, del total de población privada de la libertad sin sentencia, 50.2% estaba en prisión preventiva oficiosa, 23.9% en prisión preventiva justificada, 11.4% en otro supuesto jurídico y para 14.5% no se identificó el tipo de estatus jurídico.
Por entidad federativa, el Estado de México y Michoacán reportan que 100% de su población privada de la libertad sin sentencia estaba en prisión preventiva oficiosa.
Sobre el rango de tiempo en espera de sentencia para las personas privadas de la libertad, 26.7% de los hombres y 29.7% de las mujeres han esperado 24 meses o más por su sentencia.
