Oculta SFP el patrimonio de militares constructores

Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que la Secretaría de la Función Pública (SFP) debía entregar las declaraciones patrimoniales y de intereses —en versión pública— de 23 ingenieros militares que estuvieron a cargo de la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), la SFP evadió revelar la información, pues justificó que no ha sido notificada de la sentencia en comento.

En respuesta a una solicitud de EL UNIVERSAL, la SFP argumentó que la información respectiva a las declaraciones de situación patrimonial y de intereses de los servidores públicos no son dadas a conocer, al haber sido reservadas durante cinco años por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Abundó que así fue acordado en su Comité de Transparencia de la Sedena mediante la resolución número CT/RIR/DIT0451-SFP/281-2021 del 6 agosto de 2021.

La SFP subrayó que al encontrarse reservada la información no son visibles en la versión pública las declaraciones de las personas y, por tanto, no es posible proporcionar lo solicitado.

“Ahora bien, es menester señalar que, debido a la naturaleza de las funciones desempeñadas por algunas personas servidoras públicas adscritas a la Sedena, sus declaraciones patrimoniales tienen el carácter de reservadas”, destacó la dependencia.

Además, la Función Pública consideró que “la publicidad de las mismas pone en riesgo la vida, seguridad o salud de las mismas, así como la propia seguridad y defensa nacional del país”.

El 17 de agosto el pleno de la Corte determinó como infundado el recurso de revisión en materia de seguridad nacional previsto en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, promovido por la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal.

Esto ocurre en contra de la resolución del 6 de julio de 2022 emitida por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) en un recurso de revisión.

En ésta se ordenó a la SFP entregar la versión pública de las declaraciones patrimoniales y de intereses de los ingenieros militares residentes de obra en el AIFA.

En la sesión del pleno del 17 de agosto, el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo señaló que el Inai determinó que fuera entregada la información de la declaración patrimonial en su versión pública.

“¿Esto qué implica? Que deben salvaguardarse los datos personales y confidenciales regulados también por la ley. Incluso, nosotros en la ponencia nos dimos a la tarea de hacer una consulta a las declaraciones patrimoniales de distintos funcionarios de la Secretaría de la Defensa Nacional, incluso la del propio general secretario, y están ahí a disposición de cualquier persona, desde luego, versiones públicas, salvaguardando los datos personales”, remarcó el ministro en aquella ocasión.

Demeritan la división de poderes

Especialistas en temas de transparencia y protección de datos personales consultados por El Gran Diario de México manifestaron que el efecto político es demeritar no solamente el trabajo institucional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino también la división de poderes.

Ángeles Estrada, directora de la Iniciativa de Transparencia, Anticorrupción y Digitalización del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, refirió que existe un poder que se impone sobre otro.

“El Poder Ejecutivo imponiéndose sobre las resoluciones del Poder Judicial tiene consecuencias jurídicas, legales y sanciones, pero en esta administración no sería la primera vez que no acatan una resolución de la Corte”, precisó.

La académica indicó que la Corte le dio seguimiento a un criterio que el Inai ha impuesto desde hace muchos años, que es la publicidad de las declaraciones patrimoniales.

“Con ello los ciudadanos nos damos cuenta si se está enriqueciendo el servidor público de forma inexplicable y puede ser el inicio de una investigación”, expresó.

Estrada dijo que la SFP tendría que ser la primera en garantizar que la información de los servidores públicos sea accesible y que solamente por excepciones, justificando caso por caso el porqué, una determinada persona no publique su declaración patrimonial.

Mario Mendoza, exintegrante del Inai, consideró que el problema es que la administración actual no tiene respeto por ningún poder diverso al Ejecutivo.

“Es decir, si tiene una obligación de hacer público algo por parte del Poder Judicial simplemente no lo atiende y evidentemente caen en total opacidad las prácticas del gobierno. Están públicamente peleados y sin respeto mínimo por autoridades diversas”, aseveró.

Miguel Manrique, maestro en Políticas Anticorrupción por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe) y especialista en temas de transparencia y protección de datos personales, expresó que los militares tienen la obligación de presentar sus declaraciones patrimoniales, porque al final del día no dejan de ser servidores públicos.

“El hecho de que se le haya notificado a la SFP o no es intrascendente… lo que debería proceder es la entrega de la información por parte de la dependencia”, argumentó.

El especialista abundó que la SFP está desatendiendo una determinación que ya tomó el Inai como máximo órgano garante para interpretar la Ley de Transparencia y las causales de clasificación, lo cual podría derivar en algún tipo de sanción.

Insistió en que la SFP está posiblemente incurriendo en una supuesta sanción por clasificar información que ya previamente había sido desclasificada por el Inai.