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El gobierno de Andrés Manuel López Obrador “enfrenta una situación muy desafiante en derechos humanos y no será fácil resolverlos”, como las desapariciones forzadas, las agresiones contra periodistas, la tortura y las desventajas de sectores vulnerables como los pueblos indígenas, afirma Jan Jarab, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU-DH.
En el marco de la conmemoración de los 70 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que se celebró ayer, Jarab destaca en entrevista con EL UNIVERSAL que ante el panorama en la materia se requiere avanzar de manera prioritaria en el combate a la impunidad y el fortalecimiento del Estado de derecho.
¿La declaración fue un parteaguas para los derechos humanos en México y a nivel internacional?
—Sí, sin duda fue un parteaguas y siempre se reitera que fue una reacción de los horrores de las dos guerras mundiales, a la terrible arbitrariedad ejercida por los gobiernos.
Hoy por hoy tenemos un sistema normativo con convenciones basadas en la declaración, entonces la declaración sí es un parteaguas.
¿Cuál considera que es la situación de los derechos humanos en México?
—México atraviesa un periodo muy difícil en términos de derechos humanos, lo hemos dicho muchas veces, sobre temas particulares y en su conjunto. Los temas más urgentes en el país, según la valoración de nuestra oficina, son los desaparecidos, sabemos que, de acuerdo con el registro oficial, existen más de 37 mil personas desaparecidas, probablemente más, con un grado de impunidad altísimo, pero lo que más importa a las familias es saber dónde están en la gran mayoría de los casos, esto es un reto dramático que tendrán que enfrentar las nuevas autoridades.
México tiene una muy desafiante situación para periodistas y defensores de derechos humanos. El martes publicamos un comunicado sobre el asesinato de un periodista en Nayarit, el número 11, que corresponde más o menos a los que tuvimos el año pasado.
Evidentemente hay otros, añadiría la situación de los pueblos indígenas, la terrible tasa de feminicidios, las condiciones en las cárceles, el uso de tortura como método de investigación, al parecer está influyendo de manera positiva el nuevo sistema penal para esto, pero sí es un problema que no se puede considerar como superado.
¿Cuál es el principal pendiente en materia de derechos humanos?
—Fortalecer el Estado de derecho, mejorar el goce de garantías por parte de las categorías de personas titulares de derechos humanos, particularmente vulnerables, olvidadas, marginadas, que incluye a comunidades indígenas, pero no sólo a ellas.
¿Cuál es la expectativa que hay sobre este tema con el nuevo gobierno?
—El nuevo gobierno, como mencioné, enfrenta una situación muy desafiante en derechos humanos y no será fácil resolver todos estos desafíos. Les vamos a ofrecer nuestra asesoría y acompañamiento, lo estamos ya haciendo, tuvimos una reacción muy positiva por parte del nuevo gobierno en forma del decreto sobre Ayotzinapa, que explícitamente es el primer decreto que menciona a esta oficina.
Mencionó el decreto del caso Ayotzinapa, ¿podría ser un parteaguas para combatir las graves violaciones de derechos humanos que hay en el país?
—Ojalá, esperemos. No se puede especular, pero sí es muy relevante y nos parece un excelente primer paso.
¿Qué rol debe asumir el Estado mexicano para que toda la población goce plenamente de sus derechos?
—Regresaría a la importancia del Estado de derecho y a la relevancia, por otro lado, de reducir la dramática desigualdad social y económica.
