Los equilibrios cambiaron para la Cuarta Transformación en la Cámara de Diputados. Hasta hace unos días, en la 64 Legislatura, Morena, PT, PES y PVEM aprobaban reforman legales caminando y alcanzaban votaciones de entre 310 y 330 a favor sin la ayuda de ninguna fuerza de oposición.
Sin embargo, el pasado miércoles, en la primera sesión ordinaria de la Cámara Baja, al aprobar la primera reforma legal de la historia de la 65 Legislatura, las fracciones de la 4T sufrieron para avalar la ley secundaria que reglamenta el Juicio Político y Declaración de Procedencia.
Aunque Morena, PT y PVEM suman 278 diputados, sólo alcanzaron 273 a favor de la iniciativa. Fue una noche larga de sesión con acusaciones entre los integrantes de ambos frentes.
A la Cuarta Transformación le interesaba aprobar esta reforma porque protege al Presidente de la República y no se le separa del cargo en caso de un desafuero. Aumenta de cuatro a cinco los integrantes de la Sección Instructora y se obliga a los Congresos de los estados a acatar en definitiva el fallo de la Cámara de Diputados en caso de un desafuero y así evitar controversias como en el caso del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
La iniciativa también contempla la inhabilitación de 10 a 30 años para ejercer cualquier cargo a los funcionarios a quienes se aplique el juicio político.
La aprobación provocó la presentación de cuatro mociones suspensivas por parte Ana Lilia Herrera (PRI); Jorge Triana (PAN); Miguel Ángel Torres (PRD) y Mirza Flores (MC), quienes argumentaron, entre otras cosas, que el dictamen fue avalado en comisiones de la 64 Legis- latura, por lo que al ser desconocida por los nuevos diputados se requería más tiempo para su análisis, pero todas fueron rechazadas. Morena usaba su aplanadora para evitar que se frenara.
El diputado Omar Castañeda (Morena) dijo que el juicio político es el mecanismo para establecer la responsabilidad por acciones u omisiones graves, que hayan cometido servidores públicos: “Ya es tiempo de que se ejerza un verdadero marco jurídico de legalidad. Ya no vamos a solapar la impunidad, la corrupción”, afirmó.
Khatia Bolio, del PAN, catalogó la iniciativa de inconstitucionalidad, por obligar a las cámaras locales a acatar las resoluciones del Congreso federal, y advirtió que esa aberración jurídica terminará en la Corte con impugnaciones.
Esa disposición también fue criticada por la priísta Ana Lilia Herrera: “Esto vulnera principios elementales como la presunción de inocencia, el debido proceso y el respeto a los derechos humanos”.
Después de tres horas de debate, el dictamen se avaló con 273 votos a favor de los diputados de Morena, PVEM, y PT, y 220 en contra del PAN, PRI, PRD y MC.
En la discusión en lo particular se interpusieron e 61 reservas a 40 artículos, de los cuales sólo se avaló un cambio propuesto por el petista Gerardo Fernández a los artículos 19, 33, 37 y 41.
Con ello quedó establecido que las sesiones de juicio de procedencia deberán ser presenciales, incluir la presunción de inocencia para el Presidente de la República y que la resolución requiere la mayoría calificada de las dos terceras partes de los senadores presentes.
Leer también: Senado avala Ley de Revocación de Mandato con cambio de pregunta