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La justicia francesa investiga si las autoridades pusieron en peligro a los ciudadanos por no tomar las medidas necesarias contra la contaminación por plomo a raíz del incendio de la catedral de Notre Dame en 2019, indicaron ayer varias fuentes.
Después de una primera denuncia realizada a mediados de 2021, la asociación Henri Pézerat, el sindicato CGT y dos padres de alumnos obtuvieron que la justicia designara a una jueza de instrucción para investigar el caso, indicó una fuente próxima al caso, lo que fue confirmado por una fuente judicial.
El 15 de abril de 2019, un gigantesco incendio golpeó esta obra maestra de la arquitectura gótica y provocó el derrumbe de su famosa aguja, de su reloj y de parte de su bóveda, bajo la mirada atónita de millones de personas en todo el mundo que seguían los reportes en vivo desde el sitio.
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En el incendio se consumieron además 400 toneladas de plomo del tejado y de la aguja, lo que equivale a “casi cuatro veces las emisiones anuales de plomo en la atmósfera de toda Francia”, de acuerdo con la información de los demandantes.
Aunque el riesgo vinculado a la contaminación atmosférica se descartó con bastante rapidez, a los residentes y las asociaciones locales les preocupaban la presencia de este metal pesado tóxico en el suelo, ya que podría acabar en la suela de los zapatos e ingerido por los niños.
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“Las autoridades competentes no tomaron ninguna precaución particular durante más de tres meses después del incendio”, poniendo en peligro “a los niños [en guarderías y escuelas], a los residentes locales y a los trabajadores” del barrio, de acuerdo con los denunciantes.
Los incoformes señalan sobre todo a la Agencia Regional de Salud, a la prefectura de policía, a la alcaldía de París, así como al ministerio de Cultura.
La reapertura del recinto, que antes del incendio acogía casi 12 millones de visitantes, 2 mil 400 misas y oficios y 150 conciertos al año, está prevista en 2024, cuando París debe realizar los Juegos Olímpicos.
melc
