Además de mantener, al menos desde 2008, la amenaza de retirar las becas a estudiantes en México y el extranjero que participen en manifestaciones políticas, así como a aquellas becarias que se embaracen, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) conserva en su reglamento de becas suspender y cancelar el apoyo a aquellos estudiantes que cursando sus estudios sufran alguna incapacidad temporal o permanente, física o mental.
Exombudsmen y especialistas en derechos humanos y educación consideran que estos artículos, que se mantienen en el anteproyecto del reglamento de becas, en la página de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer), podrían ser calificados como discriminatorios y muestran una falta de empatía hacia los estudiantes que puedan sufrir alguna incapacidad.
Consideran que el reglamento ayuda a promover el estigma de que las personas con alguna discapacidad no pueden estudiar.
En el Capítulo VII, relativo a la Suspensión, Cancelación de la Beca y de la Conclusión de la Beca, en sus artículos 20 y 21, se señala que serán causas de suspensión o cancelación del apoyo la incapacidad física o mental que impida que los becarios sigan con sus estudios o el proyecto por el cual se le otorgó la beca.
El artículo 21 refiere: “Serán causas de cancelación de las becas siguientes (…) Por incapacidad física o mental que impida la continuación de los estudios o proyecto para el cual se le otorgó el apoyo; la situación deberá ser comprobada con documentos de las instituciones médicas en el extranjero o, en el caso de becarios nacionales, de instituciones de salud del sector público”.
La semana pasada, EL UNIVERSAL reveló que el Conacyt envió un anteproyecto del reglamento de becas a revisión de la Conamer, en el que mantiene una cláusula, vigente desde 2008, que suspende la entrega de becas a estudiantes que protesten en el extranjero y en México, y que será causa de suspensión el apoyo a becarias que se encuentren embarazadas.
El exdirector del Conacyt y actual diputado panista, Juan Carlos Romero Hicks, considera que el proyecto a revisión atenta contra los derechos humanos, viola tratados internacionales y preceptos constitucionales “y, en caso de aprobarse, habría una inundación de amparos, sería nulo de pleno derecho y letra muerta”.
Expresidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl Plascencia Villanueva, asegura que el proyecto de reglamento del Conacyt va en contra del principio pro persona, previsto en el artículo 1 de la Constitución, que es garantizar la máxima protección a un individuo.
“Cuando estamos ante un apoyo o una beca por parte de un organismo que otorga a cierta persona para estudios o cualquier proyecto de investigación, evidentemente que pueden sobrevenir causas múltiples de fuerza mayor que imposibiliten a algún becario a continuar temporalmente con sus estudios o proyecto de investigación. Y no es válido la cancelación de una beca, porque dejaría desprotegido al alumnos”, dice.
“Por ejemplo, un becario se encuentra en el extranjero y tiene familia, y de repente sufre un percance, por el que el Conacyt le suspende la beca. Esto lo dejaría en un estado total de abandono. Eso es totalmente contrario a los derechos humanos, al reconocimiento de la máxima protección, de la solidaridad, del apoyo”, agrega Plascencia.
Para Alma Maldonado, integrante del Departamento de Investigaciones Educativas del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (IPN), la cancelación de la beca por incapacidad física o mental “pinta de cuerpo completo a este gobierno que no tiene nada de humanista como asegura.
“Lo de la incapacidad se puede prestar a malos entendidos y a una clara y evidente discriminación contra las personas que sufran algún tipo de discapacidad. Por ejemplo, un persona que de repente pierda la capacidad de caminar no pierde su capacidad intelectual”, expone.
Especialista en temas de discriminación, Mónica Cuevas señala que la incapacidad por algún percance no es motivo para que el Conacyt cancele el apoyo.
“El tema es discriminatorio porque por una incapacidad en muchas ocasiones no pierdes la capacidad intelectual para seguir estudiando, por ejemplo, una maestría o un doctorado en el extranjero”, refiere.
En tanto, Cecilia Guillén, fundadora de la ONG En Primera Persona A.C. e investigadora en derechos humanos y discapacidad para la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sostiene que por los factores de riesgo sicosocial de los propios sistemas de posgrado, como bullying, acoso, trabajo mal repartido, por ejemplo, se corre el riesgos de que afectan a adquirir incapacidades físicas o mentales.
Asegura que en lo que se refiere a la incapacidad mental contraviene a lo que establece el artículo 12 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Ayer, este diario intentó obtener una postura en el tema de las becas del Conacyt, sin que hubiera una respuesta.
El pasado miércoles, la institución señaló a EL UNIVERSAL respecto al retiro de becas en casos de embarazo y de participación política, y aseguró que retomará comentarios recibidos para mejorar su propuesta, con la guía de respeto a los derechos y libertades de los estudiantes.
ANTEPROYECTO, BAJO LA LUPA
Facsímil del anteproyecto para el reglamento de becas que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología envió para su estudio a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, donde se mantienen cláusulas, vigentes desde 2008, que suspenden la entrega de becas a estudiantes que protesten, becarias que se encuentren embarazadas o beneficiarios con discapacidad.