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Integrante del Máximo Tribunal del país desde 2015, la ministra Norma Piña Hernández representa a los jueces de carrera, discretos, que hablan a través de sus sentencias.
La valoración es del profesor Javier Cruz Angulo, catedrático del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y director de la Clínica de Interés Público de la misma institución.
Tras la elección de Piña Hernández como titular del Poder Judicial, el investigador pondera las virtudes de la ministra que ingresó al Poder Judicial en 1988 como proyectista del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito (encargada de elaborar las propuestas de resolución de asuntos).
“Tanto en sus intervenciones en el pleno como en sus proyectos muestra a una abogada sólida, con una buena argumentación. En una gama amplia de asuntos en los que ha intervenido siempre se observa en ella una gran claridad y una gran preparación de los casos. Siempre es interesante escucharla, independientemente de que se esté de acuerdo o no con sus posiciones”, aseveró el académico.
Bajo la línea de que los integrantes de la Suprema Corte hablan por sus sentencias más que en intervenciones ante medios, Norma Lucía Piña se ha distinguido por su claridad frente a proyectos importantes del gobierno federal cuya legalidad estaba en duda y por eso llegaron al Máximo Tribunal.
En octubre de 2020 recibió elogios de investigadores y juristas por su intervención en el pleno cuando se discutió si era legal la propuesta de investigar y eventualmente enjuiciar a los expresidentes hecha por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Al explicar por qué se oponía a la consulta, la ministra egresada de la UNAM en 1984 dijo que si las autoridades contaban con evidencias de actividades ilícitas estaban obligadas a presentar denuncias e iniciar investigaciones y no consultar a los ciudadanos si debían cumplir con su función.
Ministra proderechos humanos
El investigador del CIDE considera que la nueva presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha distinguido como integrante de un bloque claramente en favor de las garantías individuales.
El investigador se refiere a la discusión en torno a si las reformas al artículo 19 constitucional, aprobadas por el Legis- lativo en 2019 a propuesta del gobierno federal, violaban los derechos humanos al no respetar la presunción de inocencia de los acusados de delitos como violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, uso de programas sociales con fines electorales, entre otros, ya que dispone su encarcelación mientras dure el proceso.
La hoy ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia también se manifestó en contra del deseo presidencial de aplicar la prisión preventiva a los presuntos responsables de esas conductas.
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