Activistas, organizaciones civiles y migrantes bloquearon simbólicamente la entrada principal de la Secretaría de Gobernación con un memorial en honor a las víctimas del incendio en la Estancia Migratoria Provisional del Instituto Nacional de Migración (INM), en Ciudad Juárez, para exigir políticas que empaticen con las personas en contexto de movilidad.
“¡No murieron, los mataron!”, “¡no son albergues, son cárceles!” y “¡la detención migratoria mata!” fueron algunas frases colocadas en la valla que resguarda al organismo para pedir justicia por la muerte de los migrantes que personal del INM dejó encerrados cuando el incendió estalló en el recinto de resguardo provisional.
El nombre de las 39 víctimas mortales se escuchó en el grito de decenas de voces que con un pase de lista reclamaron poner freno a la detención de migrantes y el cese de las deportaciones injustificadas.
Sobre el tema, Lorena Cano Padilla, coordinadora jurídica del Instituto para las Mujeres en la Migración, destacó que no es un hecho ais- lado, pues desde 2019 es del conocimiento de las autoridades federales que existen amotinamientos, violaciones a derechos humanos y otro tipo de actos que ponen en riesgo la vida de las personas en situación de desplazamiento dentro de las estancias migratorias provisionales del país.
“Estos hechos no son novedosos. Las políticas migratorias de muerte que se realizan en complicidad con Estados Unidos han provocado que los migrantes pierdan la vida ejerciendo su derecho a migrar”, señaló.
Gabriela Hernández, activista por los derechos de los migrantes, denunció que las condiciones de las estancias migratorias son fatales, por lo que han sido denunciadas desde hace años por movimientos de defensoría de personas en movilidad.
“Deberían estar cerradas, debería estar prohibida su actividad. El gobierno dijo que habían desaparecido, pero han sido disfrazadas mal llamándolos albergues”, dijo la coordinadora del refugio para migrantes Casa Tochán.
Con estos argumentos, los manifestantes solicitaron la renuncia o remoción del cargo de Francisco Garduño Yáñez, titular del Instituto Nacional de Migración, y una revisión de las políticas de detención.
Lizbeth Guerrero, codirectora y fundadora de Apoyo Migrante Venezolano, no descarta que los grupos convocantes de la protesta tomen acciones legales ante la Corte Penal Internacional contra quien resulte responsable por las muertes causadas por el incendio del lunes.
