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“¿A mi escuela el dinero para qué le serviría si lo que necesitamos es demoler un edificio?”, cuestiona Gabriela Ruiz Sánchez, madre de familia de tres niños que estudian en la Escuela Primaria Jaime Nunó, en la colonia Morelos, Ciudad de México, que está clausurada desde el sismo del 19 de septiembre de 2017.
Sobre la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de entregar directamente el dinero a las escuelas para que construyan, remodelen o reparen sus planteles, la madre de familia consideró que en su caso particular esa iniciativa no serviría de nada.
Lo que necesitan, dijo, es que las autoridades de la Secretaría de Educación Pública (SEP) “nos den solución” y gestionen la demolición de un edificio abandonado de la antigua Procuraduría General de la República (hoy fiscalía), un edificio con daño estructural y el cual temen pueda caerse.
“Lo que quiere hacer el gobierno es: ‘Ten tu recurso, tú sabes si te alcanza o en qué lo ocupas’”, explica la mujer.
Después del sismo, su plantel quedó “intacto”, cuenta Ruiz Sánchez, quien forma parte de la Asociación de Padres de Familia. Después del temblor, dos dictámenes elaborados por un Director Responsable de Obra dieron resultados contradictorios: el primero decía que el edificio de la PGR representaba un riesgo para la escuela, por lo que recomendaba no utilizar el plantel; el segundo indicaba que no había ningún problema.
“Han pasado dos años y no ha pasado nada, se avientan la bolita la fiscalía y la SEP”, lamentó la madre de familia.
