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Con el argumento de que no tiene facultades para reformar la Constitución, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) perfila mantener vigente la prisión preventiva oficiosa, establecida en el artículo 19 de la Carta Magna.
Cuatro de los 11 ministros ya se pronunciaron contra la inaplicación forzosa de la medida cautelar, planteada por el ministro Luis María Aguilar Morales, en su proyecto de sentencia de las acciones de inconstitucionalidad promovidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y senadores de oposición contra esta figura jurídica en 2019.
Así, ya no se alcanzarán los ocho votos necesarios para la aprobación por mayoría calificada del polémico proyecto, rechazado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y diversas dependencias federales.
En un debate histórico del pleno del Máximo Tribunal del país, los ministros Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf, Alberto Pérez Dayán y Juan Luis González Alcántara Carrancá fueron los primeros en desestimar la propuesta de Aguilar Morales, quien al inicio de la sesión aclaró que no propone que la Suprema Corte vaya a negar la posibilidad de decretar la prisión preventiva o que atente o busque obstaculizar las labores de investigación y persecución de los delitos, y mucho menos que las personas actualmente presas deban ser liberadas en automático.
“Cuando se comete un delito y el Ministerio Público tiene pruebas suficientes para sostener una acusación por supuesto que podrá solicitar la prisión preventiva”, expuso Aguilar Morales.
Sin embargo, la ministra Yasmín Esquivel Mossa consideró que la SCJN carece de atribuciones para inaplicar una norma establecida en la Constitución, cuya modificación o invalidez corresponde exclusivamente al constituyente permanente.
Aunque señaló que la prisión oficiosa no es una medida cautelar deseable para el Estado mexicano, Esquivel Mossa consideró que suprimirla significaría dejar a la sociedad a merced de las bandas del crimen organizado y darles la espalda a las familias de las víctimas de homicidio, feminicidio, secuestro y de personas desaparecidas, entre otros delitos.
“Suprimirla significaría una decisión que generaría mayores costos sociales, porque implicaría dejar a la sociedad a merced de las bandas dedicadas al crimen organizado, pues si como hemos visto éstas, en muchos casos, tienen la capacidad financiera y operativa para enfrentar a los cuerpos de seguridad pública, inclusive con armamento de alto poder, existen razones fundadas para suponer que las víctimas, los testigos, los peritos e inclusive autoridades ministeriales y juzgadores quedan en peligro ante las agresiones de estas personas”, dijo.
En su oportunidad, la ministra Loretta Ortiz Ahlf adelantó que su voto será en contra de declarar la invalidez de la prisión preventiva oficiosa, debido que sería una “falacia” que al mismo tiempo en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación está llamada a proteger la Constitución la desaplique.
El ministro Alberto Pérez Dayán mencionó que, por más controvertida que pueda resultar la prisión preventiva oficiosa, no son los jueces constitucionales, ni siquiera la SCJN, con todos sus poderes, en quienes recae el deber de reformador.
“No me corresponde, entonces, asumir una tarea que no se me otorgó, no soy quién para desprender hojas a la Constitución”, aseveró.
El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá sentenció que va a votar en contra de inaplicar el artículo 19 constitucional, ya que se trata de una determinación que va más allá de las facultades que la Carta Magna le otorga a la Corte.
Indicó que “la prisión preventiva automática basada sólo en condiciones genéricas resulta violatoria de los derechos humanos del imputado”. Sin embargo, añadió, rechazó la propuesta de inaplicar una norma que forma parte de la Constitución que se comprometieron, sobre todo, a respetar y proteger.
Este martes continuará el debate y tocará el turno a los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Norma Lucía Piña Hernández, Ana Margarita Ríos Farjat, Javier Laynez Potisek y al ministro presidente, Arturo Zaldívar.
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