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El presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que no le sorprende que el ministro Javier Laynez Potisek vaya a proponer el próximo jueves al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidar la segunda parte del "Plan B" en materia electoral, pues acusó que los ministros en su mayoría están al servicio del bloque conservador, y porque no imparten justicia.
“No me sorprende, ahora sí que eso no es nota. Los ministros están alineados, la mayoría al bloque conservador, todo es un Poder Judicial. Es un poder al servicio de una minoría no están al servicio del pueblo, no se imparte justicia, tomando como actor principal al pueblo.
“Es un poder al servicio de una élite política y económica, por eso hace falta una reforma al Poder Judicial.
En conferencia de prensa y a pregunta expresa, el Mandatario federal señaló que por estos motivos hace falta una reforma al Poder Judicial y que los ministros, magistrados y jueces sean elegidos por el pueblo.
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“Lo que se tiene que hacer es que el pueblo elija a los jueces, magistrados, ministros como se hizo en la época de Juárez, como lo establecía la Constitución liberal de 1856-57 se elijan a los jueces, magistrados, ministros, eran electos”, declaró.
Ayer se informó que la Corte analizará el Decreto de reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a la Ley General de Partidos Políticos, a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, que conforma la segunda parte del Plan B electoral.
El proyecto, bajo la ponencia del ministro Javier Laynez Potisek, propone declarar la invalidez de esta segunda parte del llamado “Plan B” pues se estima que, durante la aprobación del Decreto, el Congreso de la Unión incurrió en violaciones graves al procedimiento legislativo, las cuales serían suficientes para invalidar la totalidad del decreto impugnado, lo que es congruente con la doctrina jurisprudencial que la Corte ha sostenido en más de treinta asuntos y que recoge los requisitos mínimos para que un proceso legislativo sea válido.
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Con información de Alberto Morales
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