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Todos los esfuerzos de la Rectoría están enfocados a que se aclaren los hechos del pasado 3 de septiembre y que se le haga justicia plena a la comunidad universitaria, dijo el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue Wiechers.
“Quiero darle certeza a la comunidad de que no me detendré ante ningún problema jurídico y que seguiremos demandando justicia”, aseveró durante la inauguración del congreso El futuro de las ciencias: especulaciones y certezas.
Ante integrantes de la Junta de Gobierno, profesores e investigadores eméritos y miembros de la comunidad científica del país, aclaró que “esta casa de estudios se mantiene a la espera de las resoluciones de las autoridades competentes”, y expresó su compromiso para que se cumpla la ley y la normatividad universitaria. El ataque a estudiantes que realizaban una manifestación pacífica “nos indigna a todos. No descansaré hasta que se detenga a los responsables”, agregó.
Reiteró que desde el 3 de septiembre, día en que ocurrieron los ataques de grupos porriles contra alumnos que se manifestaban de manera pacífica, la Universidad presentó la denuncia correspondiente ante la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México y se han aportado pruebas.
Rechaza guerra de declaraciones. El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, José Ramón Amieva, advirtió que no caerá en una guerra de declaraciones con el rector de la UNAM en el marco de la inconformidad que causó la liberación el viernes pasado de dos supuestos agresores de estudiantes.
“No se trata ni de una confrontación ni de guerra de declaraciones, ni de determinar si alguien sobresale más que otra autoridad (...) se trata de trabajar de manera conjunta”, enfatizó.
El jefe de Gobierno aseguró que toda la información que ha proporcionado la Universidad, incluyendo fotos y videos, se ha incorporado a la investigación: “Lo que existe con la Segob, la PGR y la Universidad es un esquema de colaboración para atender los eventos de agresión que se sufrieron en fechas pasadas, y el tema de manera general”.
Ayer, un juez de Control vinculó a proceso a Marco Antonio “N”, de 29 años, por el delito de motín, en los hechos ocurridos la semana pasada, por el cual podría alcanzar hasta siete años de prisión.
El juez impuso al detenido la medida cautelar de prisión preventiva, que deberá cumplir en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, y fijó dos meses para la conclusión de la investigación complementaria.
Estudiantes acordaron exigir a la Rectoría que muestre los videos de los hechos del 3 de septiembre y las pruebas, para determinar que los alumnos cuya expulsión ordenó hayan sido porros.
Hoy continúan en paro nueve escuelas y alumnos del CCH Azcapotzalco esperan la visita del rector para discutir su pliego petitorio.
