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A casi ocho años de su desaparición, el 24 de septiembre de 2014, Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, reveló que los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa fueron asesinados y desaparecidos, lo que calificó como “un crimen de Estado”.
En conferencia de prensa, tras la reunión del presidente Andrés Manuel López Obrador con familiares de los jóvenes para dar a conocer el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, el subsecretario reveló que el Ejército tenía infiltrado a un soldado en la normal, quien desapareció junto a los estudiantes, pero sus mandos no lo buscaron, por lo que, de haber hecho algo para encontrarlo, se pudo haber evitado “la desaparición y el asesinato de los estudiantes”.
Acusó que la llamada verdad histórica fue una acción concertada desde “el más alto nivel del gobierno”, que ocultó los hechos, en los que participaron integrantes de Guerreros Unidos y agentes de instituciones del Estado.
“No hay indicio alguno de que los estudiantes se encuentren con vida, por el contrario, los testimonios y evidencias acreditan que fueron arteramente ultimados y desaparecidos.
“En todo momento las autoridades federales, estatales y municipales tuvieron conocimiento de la movilización de los estudiantes desde la salida de la Escuela Normal Isidro Burgos, hasta su desaparición, y sus acciones, omisiones y participación permitieron la desaparición y ejecución de los estudiantes, así como el homicidio de otras seis personas.
“La desaparición de los 43 estudiantes (...) constituyó un crimen de Estado, en el que concurrieron integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones del Estado mexicano”, explicó.
Detalló que el Ejército tenía infiltrado al soldado Julio César López Patolzin para conocer las acciones de los normalistas por la marcha de conmemoración del 2 de octubre.
Su último reporte fue al filo de las 10 de la mañana de ese día y desapareció, junto con los otros estudiantes, sin que sus mandos hicieran ninguna acción para garantizar su integridad y búsqueda, como lo establece el Protocolo para Militares Desaparecidos, que, de haberse aplicado, hubiera permitido no sólo proteger la integridad y buscar al soldado, sino a todos los estudiantes, señaló.
Por eso, puntualizó, las autoridades federales, estatales y municipales estuvieron informadas de la toma de camiones, del tras- lado de estudiantes a Iguala, su llegada a Rancho del Cura y a la caseta de Iguala; su llegada a la central de autobuses, de los hechos de persecución y violencia de que fueron objeto. Las omisiones en las que incurrieron acreditan un nivel de responsabilidad, ya sea por acción, omisión o negligencia, porque de haber intervenido se hubiera impedido la desaparición y asesinato de los estudiantes, afirmó.
Confirma reunión con Zerón
Encinas confirmó que en febrero se reunió en Tel Aviv, Israel, con Tomás Zerón, exjefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) acusado de tortura en el caso, a quien se ofreció un criterio de oportunidad que no aceptó. Sin embargo, confió en que pueda haber colaboración y no esperar el proceso de extradición.
“A solicitud de los padres y madres de familia, establecimos contacto con los abogados de Tomás Zerón, que permitió llevar a cabo un encuentro en Tel Aviv los días 16 y 17 de febrero, donde se le ofreció un criterio de oportunidad que no aceptó. Sin embargo, hemos mantenido comunicación con sus abogados, pues esperamos que pronto pueda avanzar en un acuerdo de colaboración, y se allane a la legislación mexicana para encarar los delitos de que se le acusa”, dijo.
Afirmó que la búsqueda de los estudiantes continuará.
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