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Sin informar modelos ni marcas, el Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Nacional Electoral (INE) informó que no encontró 320 vehículos en la base de datos del inventario operativo o funcional de los vehículos patrimoniales del máximo órgano electoral del país.
Además, otros 44 automóviles, identificados físicamente, no se encontraron registrados en el Sistema de Administración del Instituto (Siga), reportó el OIC como resultado de la auditoría financiera aplicada al parque vehicular propiedad del INE.
De acuerdo con el Informe previo de gestión del primer semestre de 2019 del OIC, también se identificaron 208 resguardos vehiculares que no están a nombre de los titulares de unidades responsables donde están asignados los vehículos, es decir, a las oficinas centrales del instituto; además, en otros 13 casos no se acreditó el resguardo correspondiente.
En 81 de 95 casos de vehículos enajenados se continuó pagando la póliza de cobertura amplia y no se ajustó a la póliza de contenidos (menos onerosa) una vez que fueron autorizados en el Programa Anual de Desincorporación de Bienes Muebles y de Consumo 2018, por lo que existen primas pagadas pendientes de recuperar por un monto aproximado de 67 mil pesos.
También, en nueve casos de vehículos siniestrados, no se ha obtenido la indemnización correspondiente, a pesar de haber transcurrido de 207 hasta 564 días desde que sucedió el siniestro, de acuerdo con información del OIC.
Ocultamientos y subcontratos
El documento da cuenta, entre otras irregularidades, que también se detectó una conducta “sistemática” de dar vista sobre supuestas anomalías a otras áreas del INE o al OIC, pero que “después de varios años”, esto ha impedido una investigación y una sanción.
Por eso, anticipó, se generarán mecanismos para conocer de inmediato las denuncias, lo que permitirá combatir la impunidad.
El reporte detalla otras auditorías, por ejemplo, la aplicada al rubro de Asesorías, Estudios e Investigaciones detectó que seis áreas del INE pagaron 9.9 millones de pesos en 15 contratos formalizados con terceros para realizar el trabajo que por norma debe hacer el personal del instituto y sin que se justificara la inexistencia de elementos capacitados para realizar o desempeñar esas funciones.
Al contrario, cuentan con 37 puestos con un total de 284 funciones, de ellas, 188 “están directamente relacionadas con los servicios contratados”, indica.
Esta subcontratación es una falla recurrente en el INE y ahora se halló que se contrataron 61 servicios sin justificación.
Adicionalmente, se encontró que algunas tareas contratadas se entregaron de forma extemporánea “con desfases que van de ocho hasta 338 días”.
En el detalle de los hallazgos, el documento del OIC destaca que se tiene, por ejemplo, que la Dirección Ejecutiva de Servicio Profesional (Despen) contrató la generación de instrumentos de evaluación de competencias, pero tiene en su estructura cinco puestos con 61 funciones relacionadas con esas tareas.
Por otro lado, la Unidad Técnica de Transparencia cuenta con cuatro puestos vinculados con tareas como “valoración de cajas”, pero contrató esos servicios.
La Dirección Ejecutiva de Capacitación cuenta con cuatro puestos con 35 funciones relacionadas con la formación de textos y material didáctico, pero contrató a terceros para realizar esas actividades.
En tanto, la Dirección de Comunicación Social contrató servicios relacionados con comunicación institucional, pero cuatro de sus puestos tienen 31 funciones vinculadas.
La Unidad Técnica de Planeación (hoy inexistente) contrató la realización de un diagnóstico de indicadores de metas institucionales, pero tiene 12 puestos con 75 funciones relacionadas con ese tipo de trabajos.
Asimismo, la Unidad Técnica de Servicios de Informática contrató servicios de ciberseguridad, aunque tiene ocho puestos vinculados con esa materia.
Otras fallas se hallaron en el capítulo de servicios generales, pues no se penalizaron incumplimientos de contratos de lavandería, limpieza e higiene, jardinería y fumigación, además de que debió de imponerse una sanción al servicio de limpieza por casi 8.8 millones de pesos, pero no se hizo.
El reporte del OIC da cuenta, entre los asuntos relevantes, que están por implementar algunas sanciones, una por 6.3 millones de pesos y por la destitución de un funcionario por irregularidades en obras de la sede del INE, en Tlalpan, y otra por haberse acreditado el daño patrimonial por 124.6 millones de pesos por la compra con sobreprecio del inmueble del INE ubicado en Acoxpa.
