Alejandro Andraca, magistrado de circuito adscrito al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil y de Trabajo del Octavo Circuito en Torreón, Coahuila, señala que el planteamiento de la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF), con el que la ciudadanía pueda votar por ministros, magistrados y jueces, es complicado.
“Tenemos un proceso de formación técnica previo de muchos años de conocimiento, de jurisprudencia, conocimiento de la ley, tratados internacionales, que buscan salvaguardar los derechos de las personas.
“No es fácil encontrar numerosos perfiles con esas características. Además, desde el punto de vista ético, estamos sometidos a procedimientos de control, como posibles quejas o denuncias por corrupción, y sólo pasando una serie de filtros podemos llegar vía concurso a ser jueces de Distrito, magistrados de circuito”, resalta.
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En entrevista con EL UNIVERSAL, sostiene que no es tan sencillo ese proceso para llevarlo al tema de una elección popular, en el sentido de buscar a las personas idóneas, y la ciudadanía no tiene conocimiento realmente de quiénes son los jueces o magistrados, porque no son gente popular.
Argumenta que sólo la carrera judicial garantiza que las personas tengan los conocimientos técnico-jurídicos necesarios para desempeñar el cargo de manera satisfactoria.
“Nosotros como jueces y magistrados no siempre resolvemos problemas que sean políticamente relevantes o que tengan eco en el panorama nacional, resolvemos problemas técnicos de la gente común.
“Que en última instancia llegan a nosotros y vemos temas técnicos como pueden ser aspectos fiscales, mercantiles entre empresas, cuestiones laborales complejas”, precisa.
El magistrado subraya que los temas son técnicos y buscan dar seguridad jurídica y que todos fallen con criterios en general uniformes y ajustados a la jurisprudencia, todo lo cual requiere una formación en la carrera judicial.
“La reforma deja de lado el capital humano que tiene el Poder Judicial de la Federación… todos tomamos un mínimo de alrededor de 10 años para poder llegar a ser jueces, 10 años de estar en la carrera judicial, y eso difícilmente se puede suplir por una persona que sin llevar una cierta formación previa llegue a ser juez o magistrado”, refiere.
El magistrado detalla que hoy en día todos los tribunales y juzgados de Distrito tienen bajo su conocimiento una multiplicidad de asuntos pendientes de resolver.
Destaca que al año se desahogan cerca de un millón de asuntos en todos los tribunales y juzgados federales.
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Indica que el cambio, en el momento en que se dé, va a afectar los derechos de todas las personas que tienen sus asuntos esperando resolverse, porque implica que llega un nuevo juez o magistrado que va a retomar el asunto desde el punto donde se encuentre.
Abunda que se presentará una curva de aprendizaje de los que lleguen y puede generar problemas graves en los derechos de las personas, porque no necesariamente se resolverán los asuntos conforme a criterios uniformes en los distintos juzgados y tribunales.
“Hay asuntos donde tenemos de por medio cuestiones de guardia y custodia de menores, regímenes de visitas y convivencias, asuntos de feminicidios, hostigamiento laboral, temas delicados en donde no hay mucho margen para establecer que puede llegar alguien un poco a ingeniárselas de cómo sacar los asuntos.
“Al final, repercute en los derechos de la sociedad fundamentalmente, y lo de menos somos nosotros como juzgadores”, sostiene.
