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Una encuesta de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) realizada a 383 personas reflejó que 41% de quienes sufren un delito no acude al Ministerio Público para denunciar.
La Consulta Pública Abierta sobre Atención a Víctimas en México 2019 detalló que 24% de las personas no denuncian los ilícitos por falta de confianza en las autoridades; 15%, porque implicaba trámites largos o difíciles, y 15%, por no tener pruebas del hecho.
Aunque en la encuesta hubo personas que admitieron haber denunciado los delitos, eso no significó que tuvieran mejor suerte, pues 63% no recibió apoyo y acompañamiento de alguna institución. Esto ocurrió porque no se les ofreció ese servicio; lo pidieron y no había recursos económicos o personal para cumplirlo, o simplemente se les dijo que no se brindaban acompañamientos.
Las mujeres (63%) son quienes buscan más algún tipo de apoyo cuando son víctimas de un ilícito.
A los 383 encuestados también se les preguntó cuáles deberían ser las prioridades en la atención a víctimas. El 83% respondió que es muy prioritaria la capacitación especializada de personal que atiende a víctimas; 80% indicó que se debe trabajar en la empatía y sensibilidad del personal, además de que debe contratarse a más personas para atender denuncias.
Según 30% de las personas que respondieron el cuestionario, todas las instituciones de salud, atención a víctimas y protección de derechos humanos deberían mejorar a través de distintos servicios de acompañamiento.
El acceso a la verdad, la justicia, la reparación del daño y la garantía de no repetición fueron los aspectos peor evaluados por los encuestados, pues a su parecer la labor del gobierno en este sentido es “muy insatisfactoria”.
El 51% de las personas opinó de esta manera y expresó que las deficiencias se encuentran principalmente en la implementación de medidas estructurales orientadas a la no repetición de delitos o violaciones a derechos humanos, seguido de la reparación integral de los daños.
Otro punto en el que los encuestados reprobaron la atención gubernamental fueron los delitos cometidos contra pueblos originarios y víctimas de desplazamiento forzada, ya que calificaron como “insatisfactorio” y “muy insatisfactorio” el tipo de atención que se le brinda.
