Más Información
En este momento, miles de niñas y niños están cruzando países lejos de su hogar, arriesgando su integridad para salvar su vida. En el último año, se ha multiplicado por 7 la cantidad de niñas y niños que atraviesan México en busca de mejores condiciones. Además de que el trayecto mismo es aterrador, al llegar a los puntos fronterizos para intentar cruzar a Estados Unidos sus esperanzas se desvanecen por la poca claridad en la forma en la que se aplican las políticas migratorias.
La tensión vuelve a estar en el límite, pues hace unas semanas el Título 42 expiró y regresó el Título 8 con políticas adicionales que hacen parecer que solo las niñas, niños y adolescentes que estén solos podrán solicitar asilo, lo que aumenta el riesgo de separaciones familiares en el norte de México.
La aplicación del Título 8 genera dudas e inconvenientes para la protección total de los derechos de la niñez y la adolescencia migrante, ya que el gobierno estadounidense podrá deportar y sancionar a familias, o ubicar a niñas y niños no acompañados en lugares administrados por la Oficina de Reasentamientos de Refugiados por varios días, mientras se determina su situación.
¿Por qué esto debe preocuparnos? Si la empatía y el deber intrínseco de salvaguardar a la niñez no es suficiente, no tomar acción tendrá implicaciones sociales y políticas para México.
El Estado mexicano manifiesta que su legislación garantiza el derecho de niñas y niños migrantes a la más amplia protección de sus derechos, a expresarse y participar en asuntos migratorios, procedimientos judiciales o administrativos vinculados con ellos y sus familias. Pero en la práctica, enfrentan muchas barreras para acceder a los derechos básicos que el orden internacional y las propias leyes les otorgan.
El gobierno de México ha aceptado recibir cada mes a 30 mil personas rechazadas desde los Estados Unidos, lo que representa, en conjunto, una violación al derecho internacional de asilo, además de que ocasionará mayor inseguridad y condiciones precarias para niñas, niños y familias, ya que no se están asegurando recursos materiales, humanos y presupuestales para desplegar personal humanitario, médicos, psicólogos, etcétera, lo que sí representaría una medida "humanista". Al contrario, se está desplegando personal de la Guardia Nacional en ambas fronteras, para fortalecer la contención de los flujos migratorios, como sucedió con la política “Quédate en México” del Presidente Trump.
Las niñas y niños migrantes sufren hambre y frío en su trayecto, padecen enfermedades sin tener acceso a servicios de salud, son más vulnerables a ser víctimas de trata y tráfico de personas, explotación, secuestro, extorsión, xenofobia y discriminación.
Además, existe la posibilidad de que el crimen organizado los reclute a cambio de comida, dinero o incluso a la fuerza. Esto significa que los criminales utilizarán a niñas, niños y adolescentes para cometer crímenes sabiendo que las consecuencias no serán muchas, pues al ser menores de edad es menos probable que sean castigados por la ley. En otras palabras, una niñez migrante no protegida podría convertirse en una fuerza para el crimen.
Desde Save the Children, llamamos al gobierno de México para que asuma su responsabilidad de proteger los derechos de la niñez y adolescencia migrante, dando opciones reales que refuercen las capacidades institucionales y operativas de la COMAR, fortalecer la operación del SIPINNA y las Procuradurías del DIF, además de crear espacios físicos y entornos seguros de atención integral, mientras se identifican acciones que les brinden soluciones a largo plazo. Las niñas y los niños tienen derecho a ser protegidos, sin importar su origen. Migrar es un derecho.
