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El exgobernador de Nayarit Roberto Sandoval Castañeda, preso en un penal federal de Tepic, y su hija, Lidy Alejandra Sandoval López, sufrieron un revés judicial en su intento por recuperar ocho bienes asegurados en marzo de 2021 por la Fiscalía General de la República (FGR).
El juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal les negó la suspensión definitiva en el juicio de amparo que interpusieron para revertir la confiscación del rancho El Sueño, una parcela, lotes y una casa, como parte de la investigación que lleva a cabo la FGR por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Sandoval Castañeda y su hija solicitaron la protección de la justicia el mes pasado, con el fin de evitar que los inmuebles pasen a formar parte de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros (UEIDFF).
En mayo, la UEIDFF dio un plazo de 90 días a Sandoval Castañeda y sus familiares para acreditar la legal procedencia de los inmuebles asegurados el 2 de marzo pasado; de lo contrario, pasarán a formar parte de dicha unidad de la Fiscalía General de la República.
Si Sandoval y sus familiares no logran acreditar la legal procedencia en dicho plazo, los bienes causarán abandono en favor de la UEIDDF.
El aseguramiento de los bienes se realizó como parte de la carpeta de investigación FED/SEIDF/UEIDF/0000201/ 2020 que inició el Ministerio Público de la Federación, titular de la Agencia de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros de la FGR, por el presunto delito de lavado de dinero relacionado con depósitos irregulares cuando estuvo como gobernador, alcalde de Tepic y como ganadero.
En junio pasado, un juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal de Nayarit vinculó a proceso al priista Roberto Sandoval Castañeda por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, y le impuso prisión preventiva oficiosa, luego de ser detenido el 6 de ese mismo mes, junto con su hija Lidy Alejandra Sandoval, en una casa del municipio de Linares, Nuevo León.
En el caso de Lidy Alejandra Sandoval, el juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal de Nayarit determinó no vincularla a proceso, por lo que fue puesta en libertad. En marzo de este año, la FGR obtuvo las órdenes de aprehensión contra Sandoval y su hija.
En tanto, los señalamientos de la Unidad de Inteligencia Financiera contra Lidy Alejandra Sandoval son por presuntas irregularidades en la compra de inmuebles en 2009 y 2017, a través de créditos bancarios. El MP federal dio tres meses para culminar con las investigaciones complementarias.
Además de este caso, el exmandatario enfrenta otros dos procesos penales: uno por presuntos delitos electorales cometidos en 2017, al utilizar el Programa de Seguridad Alimentaria (Prosa) para condicionar el voto a favor del PRI, y otro por el presunto desfalco de 83 millones de pesos del Fondo de Inversión y Reinversión para la Creación y Apoyo de Empresas Sociales del Estado.
