Por notoriamente improcedente, un juez en Materia Administrativa desechó la demanda de amparo que el general José Rodríguez Pérez interpuso contra el informe del presentado en agosto por el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, en el que se le imputa haber ordenado asesinar y desaparecer a seis normalistas.

Rodríguez Pérez, preso desde el 14 de septiembre en el Campo Militar 1-A , de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), buscaba la invalidez de dicho documento, debido a que consideró que el subsecretario de Derechos Humanos, invadió las facultades de investigación que corresponden al Ministerio Público.

Sin embargo, el juez Decimoprimero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México desestimó sus argumentos y declaró improcedente el recurso .

A finales de agosto, , quien también preside la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj), acusó al Ejército mexicano como responsable del asesinato y desaparición de seis de los 43 normalistas, que se presume se habrían mantenido con vida cuatro días después de los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

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Implicó directamente al entonces coronel José Rodríguez Pérez, de ordenar la muerte y desaparición del grupo de jóvenes.

Rodríguez Pérez ascendido a general Brigadier en 2015 , tenía a su mando el 27 Batallón de Infantería en septiembre de 2014, con sede en Iguala, al que instruyó salir a investigar lo que estaba sucediendo con los normalistas.

El martes pasado, los abogados de los cuatro militares presos por el caso Ayotzinapa exigieron al subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas Rodríguez, dejar de “politizar, "manipular" y de “inventar evidencia para fabricar culpables” en el caso Ayotzinapa.

Los litigantes Alejandro Robledo Carretero y César Omar González acudieron a las instalaciones del , donde están presos el general José Rodríguez Pérez, el capitán José Martínez Crespo, el sargento Eduardo Mota Esquivel y el subteniente Fabián Alejandro Pirita, para denunciar presuntas inconsistencias en las acusaciones contra sus representados.

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apr/rcr

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