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Una jueza federal negó la suspensión provisional en el amparo que Cristina Bautista Salvador, madre de uno de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, promovió contra la omisión de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de proporcionarles información sobre el caso que en septiembre cumple 9 años.
Desde el 15 de agosto, Bautista Salvador se quejó ante la titular del Juzgado Quinto Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Sandra de Jesús Zúñiga, contra el Centro Regional de Fusión de Inteligencia de la Sedena, al que los padres de los estudiantes y el desaparecido Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) acusan de ocultar información del seguimiento que hicieron sobre lo sucedido en Iguala el 26 y 27 de septiembre de 2014.
Sin embargo, la juzgadora determinó que no era procedente otorgar la suspensión de los actos reclamados, por considerar insuficientes las pruebas presentadas.
“De modo tal que en el caso concreto, con fundamento en el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, se niega la suspensión provisional en ******** términos precisados con antelación”, resolvió.
En su última conferencia de prensa, la colombiana Ángela Buitrago y el español Carlos Beristain, los dos integrantes del GIEI que continuaron la investigación en México, denunciaron que el Ejército seguía ocultando información del caso, la cual era vital para dar con el paradero de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
“El ocultamiento y la insistencia en negar cosas que son obvias, impiden tener la verdad y, por tanto, avanzar en esa misma dirección. El GIEI ha llegado a este informe al límite de lo que se ha podido investigar como asistencia técnica, para el GIEI se hace imposible continuar su trabajo y, por esta razón, consideramos que si las cosas no cambian, como no han cambiado, damos por terminado nuestro trabajo”, señaló Carlos Beristain.
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