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Un juez federal consideró que la Fiscalía General de la República (FGR) no acreditó que su patrimonio fuera afectado por el expresidente del Instituto de Administración de Bienes Nacionales (Indaabin), Julio César Guerrero.
La FGR acusó a Guerrero Martín porque durante los meses en que fungió como presidente del Indaabin, julio a noviembre de 2018, uno de sus subordinados concesionó a un particular tres bienes de cuatro que la extinta PGR puso a disposición del Instituto para su enajenación y que él no hizo nada para evitarlo.
Le imputó ejercicio ilícito del servicio público pero el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna consideró que los fiscales no acreditaron la omisión reclamada ni un daño al patrimonio de la FGR.
“Se imputó a Julio César Guerrero Martín que no debió permitir la concesión de los bienes de la PGR, sin embargo, no se acreditó la existencia de una afectación patrimonial”, señaló el juzgador.
Por ello, negó vincular a proceso a Guerrero Martín quien actualmente es Subsecretario de Fomento Industrial del gobierno del Estado de México, encabezado por Alfredo del Mazo.
“Al no demostrar el posible daño patrimonial ni un nexo entre afectación y la omisión reclamada a Julio César Guerrero Martín se dicta auto de no vinculación a proceso”, concluyó.
Los edificios ubicados en Reforma 211 y 213; Jaime Nunó 25 y Tonalá 104 fueron entregados por la PGR al Indaabin luego del sismo del 19 de septiembre de 2017 debido a que tuvieron daños estructurales que representaban un riesgo para sus trabajadores.
Por ello, el 22 de marzo de 2019 la FGR pidió al Indaabin la devolución de los inmuebles o la entrega de los recursos obtenidos, para el caso de que hubiesen sido vendidos porque con ello pretendía comprar el edificio sede que actualmente renta en más de 18 millones de pesos mensuales en Insurgentes 20.
En abril de este año el Indaabin informó a la FGR que no podía regresarle los inmuebles porque los concesionó a particulares para que los rehabilitaran y utilizaran para poner oficinas, comercios, departamentos y hoteles.
Reforma 211 y 213 y Jaime Nunó 25 fueron concesionados durante 45 años a Corporación Inmobiliaria Ejército, representada por Daniel Araf quien debía comparecer a la audiencia pero no lo hizo.
Según la FGR la concesión de esos edificios se otorgó tomando como base un valor inferior al que valen los inmuebles pues en el caso de los predios de Reforma 211 y 213, que eran la sede de la extinta PGR, fueron concesionados sobre un precio de 726 millones 282 mil pesos de los cuales la empresa que los recibió pagaría el 7.5% anual al Indaabin.
La FGR indicó que estos inmuebles tienen un valor real de 2 mil 223 millones de pesos. Además, Corporación Inmobiliaria Ejército se comprometió a invertir 300 millones de pesos para rehabilitar el edificio antes de utilizarlo.
Mientras que el de Jaime Nunó 25 también fue concesionado a dicha empresa sobre un valor de 53 millones 186 mil pesos de los que tenía que pagar el 7.5% anualmente al Indaabin. La FGR dijo que realmente vale 82 millones 552 mil pesos.
En tanto, Tonalá 104 fue concesionada por 30 años a Gapana, S. A. de C. V., representada por Gabriela Karam sobre un valor de 9 millones 455 mil pesos de los que también debía pagar el 7.5% anual al Indaabin pero la Fiscalía indicó que su valor real es de 36 millones 529 mil pesos.
Recientemente Karam devolvió el inmueble al Indaabin, razón por la que la FGR desistió, por el momento, de citarla a comparecer.
La FGR argumentó que dichas concesiones fueron ilegales debido a que al ser edificios de la extinta Procuraduría pasaban automáticamente a conformar el patrimonio de la nueva fiscalía.
Sin embargo, el juez desestimó el argumento y llamó la atención de la FGR porque consideró que la judicialización de una carpeta de investigación no debe ser utilizado para determinar la titularidad de un bien.
“No es facultad de un juez de control determinar la titularidad de los bienes”, dijo.
“Judicializar no es el mecanismo idóneo para determinar de quién es la titularidad de los bienes patrimonio de la Federación”.
Aunado a ello, señaló que si el Indaabin hubiera vendido los inmuebles, el dinero producto de la venta debía ser puesto a disposición de la Tesorería de la Federación (Tesofe) y no de la FGR, sino que posteriormente ésta podía reclamarlo en el marco de la aprobación del siguiente presupuesto ante la Secretaría de Hacienda.
Además, consideró que la FGR actuó de manera “desaseada” porque no permitió que el Indaabin tuviera acceso a la carpeta de investigación a pesar de que tiene carácter de ofendida en el asunto.
“Fue un manejo desaseado y erróneo de la Fiscalía General de la República negarle acceso a la carpeta de investigación al Indaabin pese a que tiene carácter de ofendida en el presente asunto”, refirió.
