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El gobierno federal negó que haya una militarización de la seguridad pública en el país, ya que la estrategia contra la delincuencia y la criminalidad se basa en la atención a las causas de la violencia, en la promoción del bienestar de la población a partir de la puesta en marcha acciones de prevención de la violencia y el delito, el fortalecimiento de las capacidades institucionales, y la coordinación entre las instancias federales, estatales y municipales.
Al responder las preguntas parlamentarias del Senado de la República, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que la participación de las Fuerzas Armadas en el proceso de consolidación de la Guardia Nacional es constitucional, pública, abierta y sujeta al escrutinio público.
Informó que básicamente el apoyo militar se refleja en la cooperación para el reclutamiento y capacitación a los nuevos elementos que ingresan a la Guardia Nacional; respaldo en la adquisición de equipamiento para las funciones de seguridad; la formación de los mandos para resolver el déficit institucional de cuadros especializados para cumplir las funciones que la Ley prevé para el organismo; personal en activo que apoya las funciones de seguridad bajo una formación y conducción civil; y la construcción de la infraestructura física necesaria para disponer de presencia, capacidad de operación y proximidad social en el territorio en beneficio de la ciudadanía.
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Las autoridades remarcan que la Guardia Nacional alterna una conducción civil. Además, dispone de un plan de estudios y una malla curricular en materia de seguridad pública fundada en los derechos humanos, al capacitar con base en la figura del primer respondiente, la perspectiva de género y la protección de los derechos de las víctimas.
Sostienen además, que la Guardia Nacional ciñe sus esfuerzos a los principios del sistema de seguridad y justicia acusatorio, lo que “dista en concepto, operación y método de toda pretensión, iniciativa o evidencia tendiente a una supuesta militarización”.
En el documento de respuestas al Senado, de más de 300 páginas, el gobierno de la República subrayó que a la fecha, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha emitido una sola recomendación, a la cual se le da puntual seguimiento bajo supervisión de ese organismo autónomo.
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