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La dirigencia nacional del PRI negó recibir presiones o instrucciones en la conducción del proceso de renovación de la presidencia de este instituto político.
Subrayó que existe un compromiso con la imparcialidad, la legalidad, la certeza y la objetividad, para que imperen en todo momento.
A través de un comunicado, el Comité Ejecutivo Nacional del PRI difundió que este partido cuenta con un sistema de órganos estatutarios independientes, tales como la Comisión Nacional de Procesos Internos, la Conferencia Nacional de Honor, la Comisión Nacional de Ética Partidaria y la Comisión Nacional de Justicia Partidaria, que a partir de la emisión de la Convocatoria para la elección de la dirigencia nacional del periodo estatutario 2019-2023, trabajan conforme a sus facultades para garantizar el desarrollo de un proceso democrático apegado a la normatividad.
“Es pertinente aclarar que dicho proceso se rige por la Constitución, la Ley General de Partidos Políticos, los Estatutos, el Código de Ética Partidaria, el Código de Justicia Partidaria y los reglamentos expedidos por este instituto político previo a la emisión de la Convocatoria, normas que ésta desarrolla, así como de una serie de Acuerdos que la Comisión Nacional de Procesos Internos adoptará escuchando y valorando el punto de vista de los órganos del partido y de los candidatos, a través de sus representantes”, defendió la dirigencia nacional que encabezan Claudia Ruiz Massieu y Arturo Jiménez.
Aspirantes a la candidatura para competir por la dirigencia nacional del PRI acusaron a la dirigencia nacional del partido de manipular el padrón de militantes para la elección interna que se llevará a cabo en agosto próximo, y de inclinar la balanza a favor del hoy gobernador de Campeche con licencia, Alejandro Moreno.
“La Convocatoria precisa en su base duodécima el cierre del padrón del partido a efecto de que se elabore el listado de militantes electores. Asimismo, señala que el estado del Registro Partidario al 11 de junio se remitirá al Instituto Nacional Electoral (INE) para su revisión, actualización y depuración, con base en los movimientos hechos en el Registro Federal de Electores, incluyendo: defunciones, cambio de domicilio y suspensión o pérdida de derechos políticos, así como en el ámbito del Registro Partidario y de otros registros partidarios, duplicidades, bajas por renuncias o derivadas de quejas y eventuales personas que aparezcan en otros registros partidarios”, detalló el PRI.
El resultado de esa verificación, añadió, conformará el padrón de electores al que tendrán acceso específico los candidatos y con relación al cual, quién estime inconsistencias, irregularidades o incorporaciones en violación de nuestra normatividad interna, estará en el derecho de impugnar.
La dirigencia nacional priista también expuso que los órganos del partido no otorgan cartas de actuación ni juzgan anticipadamente. Todo militante, con independencia del cargo público que ostente o la responsabilidad partidaria que tenga, debe cumplir con la normatividad de nuestro partido.
“Si la normatividad se ve vulnerada, la Comisión Nacional de Procesos Internos y los órganos competentes del partido actuarán para, en su caso, tomar las medidas que sean necesarias: realizar apercibimientos, formular recomendaciones e imponer sanciones.
“Apegarse al orden normativo es deber de todos los órganos de este instituto político y de sus militantes y sabemos que la legalidad de nuestros actos está sujeta al control interno y al jurisdiccional externo del Estado Mexicano”, aseveró.
Puntualizó que existe la voluntad y compromiso de conducir el proceso interno en estricto apego a los principios de toda competencia democrática; libertad para decidir de la militancia, equidad para la participación entre candidaturas y militancia y apertura para generar un clima de propuestas pensando en el interés del partido y, sobre todo, de continuar trabajando en favor de México.
