San José. – El régimen izquierdista gobernante de Nicaragua colocó a 222 presos políticos nicaragüenses ante la vía obligada de escoger entre seguir en la cárcel o salir del país y, tras despojarlos a perpetuidad de su ciudadanía y de sus derechos constitucionales, los expulsó ayer en avión y desterró a Estados Unidos acusados de ser traidores “a la Patria”.
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El acto fue el primer desenlace visible de una negociación diplomática entre Managua y Washington que ahondó las dudas sobre el trasfondo real de la sorpresiva maniobra bilateral y sus repercusiones a corto, mediano y largo plazo.
EU negó ayer que la salida de los 222 fuera el resultado de intensas presiones políticas y económicas de Washington contra el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, acusados desde 2018 por la oposición política nicaragüense, la Casa Blanca, la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE) de violentar el orden democrático y violar las libertades y los derechos humanos.
Fuentes diplomáticas centroamericanas dijeron ayer a EL UNIVERSAL que Washington habría amenazado a Ortega y Murillo con excluir a partir de este mes a Nicaragua del estratégico Tratado de Libre Comercio de Centroamérica, EU y República Dominicana y con bloquear las cuentas bancarias de las fuerzas armadas nicaragüenses en el sistema financiero estadounidense.
La administración del presidente de EU, Joe Biden, advirtió a Ortega y Murillo que impondría ambas medidas en represalia por negarse a liberar a los prisioneros de conciencia, explicaron las fuentes.
La liberación sería recibida por EU como primer paso para forzar al régimen a empezar a negociar una salida pacífica a la crisis de Nicaragua, con elecciones libres y respeto a los derechos humanos para avanzar al retorno de la democracia y en un proceso que probaría la voluntad política del dúo presidencial sobre obstaculizar o facilitar la reconstrucción institucional, relataron.
Un temor que persistió entre opositores nicaragüenses y sectores diplomáticos fue que si, a cambio de entregar a los reos políticos, el tándem presidencial de Nicaragua logró su cometido de utilizar a los presos como moneda de trueque con EU para conseguir que Washington flexibilice o afloje las sanciones económicas que les impuso desde 2018.
No obstante, el gobierno de EU alegó repetidamente ayer que Ortega adoptó de manera “unilateral” o por iniciativa propia su decisión de liberar a los 222 y sin que mediara algún acuerdo secreto.
Un vuelo fletado por el gobierno de EU sacó a los 222, encarcelados tras el estallido en abril de 2018 en Nicaragua de masivas protestas para exigir democracia y libertad y la renuncia de la pareja, acusada de forjar —en asocio con Cuba y Venezuela, sus principales aliados— una dictadura dinástica.
La aeronave, de la aerolínea chárter estadounidense Omni Air International, despegó ayer a las 06:31 horas (mismo tiempo del centro de México) del aeropuerto internacional Augusto César Sandino, de Managua, y llegóaproximadamente a las 11:33 (10:33 en el centro de México) al aeropuerto internacional Washington Dulles, que sirve a la capital estadounidense en el aledaño estado de Virginia.
Entre los 222 hay personajes como Dora María Téllez, comandante de la guerrilla que en 1970 derrocó a la dictadura somocista en 1979 con el izquierdista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), ahora dominado por el mandatario y su esposa.
Téllez fue aliada de Ortega en la revolución que gobernó de 1979 a 1990 con el FSLN, pero rompió con el “orteguismo” hace unos 28 años. A mediados de 2021 fue detenida en una ola de arrestos con la que el régimen acalló e inmovilizó a sus adversarios para reelegirse sin rivales en los comicios de noviembre de ese año, catalogados por la oposición como una farsa.
Coordinador de una junta de gobierno de 1979 a 1985 y presidente de 1985 a 1990, Ortega asumió un primer quinquenio en 2007 y en elecciones tildadas, dentro y fuera de Nicaragua, como fraudulentas se reeligió para otros tres consecutivos y al menos hasta 2027. Murillo se convirtió desde 2007 en el poder real en Nicaragua y en 2017 asumió como vicepresidenta.
También fueron liberados los hermanos Cristiana María y Pedro Joaquín Chamorro Barrios, capturados en 2021. Su madre, Violeta Barrios, derrotó en elecciones a Ortega, puso fin a la revolución y fue presidenta de 1990 a 1997, y su padre, Pedro Joaquín Chamorro, fue asesinado en 1978 por la dictadura somocista convertirse en un periodista emblemático.
La lista incluye a otros seis dirigentes opositores que intentaron desafiar a Ortega en las urnas: Arturo Cruz, Félix Maradiaga , Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora, Medardo Mairena y Noel Vidaurre.
También a cinco sacerdotes católicos nicaragüenses que acababan de ser condenados a diez años de prisión por delitos considerados “traición a la patria”.
Asimismo, a los empresarios Michael Healy y Álvaro Vargas, arrestados cuando presidían el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), y los también empresarios José Adán Aguerri, Luis Rivas y Arnulfo Somarriba, entre otros.
El gerente general del periódico nicaragüense 'La Prensa', Juan Lorenzo Holmann Chamorro, así como los líderes estudiantiles Lesther Alemán y Max Jérez, el excanciller Francisco Aguirra Sacasa; los exvicecancilleres Víctor Hugo Tinoco y José Pallais y los exembajadores Edgar Parrales, Mauricio Díaz y Óscar René Vargas, entre otros defensores de derechos humanos, disidentes sandinistas, líderes estudiantiles, periodistas, activistas y profesionales independientes, también fueron expulsados.
Con el control de los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral y las fuerzas militares, policiales y paramilitares, Ortega definió a los presos políticos en 2021 como “hijos de perra” y criminales e insistió en que violaron la soberanía de Nicaragua desde 2018 y así ganar oxígeno político sin conceder nada. El régimen los condenó en 2022 a variadas sentencias de prisión (domiciliaria o en cárceles).
El gobierno de Nicaragua , que siempre rechazó ser dictadura dinástica represiva y violadora de los derechos humanos y alegó que el estallido de 2018 respondió a un golpe de Estado terrorista alentado por EU con los opositores, adujo ayer que los 222 fueron deportados por ser “traidores a la Patria”.
La medida fue adoptada “por cometer actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación del pueblo, por incitar a la violencia, al terrorismo y a la desestabilización económica”, informó El19, diario digital del gobierno, basado en un fallo de la Sala Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua.
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Con una reforma constitucional que aprobó ayer con rapidez en la Asamblea Nacional, el régimen acordó que la ciudadanía se pierde ahora por traición a la Patria.
El magistrado nicaragüense Octavio Rothschuh , presidente de la Sala, anunció ayer que la condena a prisión se cambió por el destierro a EU.
“Los deportados fueron declarados traidores a la Patria y sancionados por diferentes delitos graves e inhabilitados de forma perpetua para ejercer la función pública en nombre del servicio del Estado de Nicaragua, así como ejercer cargos de elección popular, quedando suspensos sus derechos ciudadanos de forma perpetua”, relató.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, instancia autónoma de la OEA, informó en diciembre anterior que en Nicaragua había 195 presos políticos en ese mes. Sin embargo, datos de organizaciones no estatales de derechos humanos de esa nación adujeron ese mes que serían más de 220.
Tras la salida ayer de los 222, circularon informes de que faltan por liberar a unos 38.
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