Netzaí Sandoval Ballesteros, exdirector del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), señalado de corrupción, enriquecimiento ilícito, hostigamiento laboral y uso indebido del cargo en la denuncia contra el expresidente de la Corte, Arturo Zaldívar, y sus excolaboradores cercanos, acusó una campaña de difamación en la que se pretende afectar a personas y movimientos que luchan por la transformación del país.
A través de una serie de mensajes en una red social, el actual coordinador de la ponencia de la ministra Lenia Batres Guadarrama, en la Suprema Corte de Justicia, respondió que el Poder Judicial de la Federación (PJF) inició una investigación anónima sin pruebas para difamar, por lo que exigirá se investigue quién ordenó la filtración del acuerdo firmado por la presidenta de la SCJN, Norma Lucía Piña Hernández.
“Entiendo que no soy el objeto principal de la actual campaña de difamación. Se pretende afectar a personas y a movimientos de largo aliento que están luchando por la transformación del país. Pero es mi deber aclarar algunas cosas”, reviró.
“Exigiré que se investigue quién ordenó la filtración a medios masivos de comunicación de un acuerdo inicial con datos personales y una denuncia sin pruebas, ni firma. Las personas que no resguardaron los documentos violan el art. 95 de LGRA y pueden ser sancionadas".
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“El PJF testa los nombres de los acusados en las sentencias. Pero en este caso filtraron los nombres de todos los imputados en un anónimo. Qué raro ¿no? ¿Es común que una investigación se emprenda aceleradamente con este desaseo en época electoral?”, cuestionó.
El hermano de la exsecretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, aclaró que lo acusan de haber creado una unidad de peritos adscrita al IFDP con un costo elevado y poca participación en procedimientos.
Sin embargo, aseguró que los peritos ganaban menos que los de Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y atendieron más de 21 mil casos durante su gestión.
Sobre las acusaciones de que prohibió a los defensores públicos promover amparos contra la falta de atención médica por Covid-19, para que no se viera “inflada” la estadística del gobierno, Sandoval Ballesteros refirió que la “realidad es que se atendió a miles de personas ante la pandemia”.
Respecto al supuesto Penthouse en Santa Fe, que se refiere en la denuncia, el funcionario dijo: “Todo mundo sabe dónde vivo y no es en Santa Fe. Jamás he usado, ni comprado un PH. Tengo un departamento que está en mis declaraciones patrimoniales y muy lejos de Santa Fe. Las puertas de su casa están abiertas”.
Indicó que cada nombramiento de la Defensoría era aprobado por la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, por lo que rechazó haber contratado abogados que no cumplían con el perfil.
“No podría haber contratado personas que carecieran del perfil para ser defensoras o asesoras jurídicas”, sostuvo.
De igual forma rechazó haber mandado construir un roofgarden de lujo en una terraza del IFDP, y que el Instituto Federal de la Defensoría Pública haya influido en casos como la Ley de Hidrocarburos, Industria Eléctrica, Santa Lucía, Tren Maya, Emilio Lozoya, Infonavit, Telecomunicaciones y extradición de integrantes de la delincuencia organizada.
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