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Es necesario investigar la corrupción, chantaje y extorsión en el caso de la Confederación Libertad de Trabajadores de México (CLTM) porque nadie puede salir impune de estas conductas, dijo la secretaria del Trabajo Luisa María Alcalde, luego del encarcelamiento del líder de la organización Hugo Bello Valenzo .
La titular de la dependencia federal dijo en conferencia de prensa que las organizaciones sindicales tienen la obligación de velar por los intereses de los trabajadores, y pidió no permitir ese tipo de conductas.
“Hay una investigación, creemos fundamental que las organizaciones de trabajadores tienen que ser protectoras de los intereses de los trabajadores y no otra cosa. No permitir bajo ninguna circunstancia la corrupción, el chantaje, la extorsión, eso es finalmente el terreno de lo penal y hay que investigar, nadie puede salir impune de este tipo de actividades”, dijo.
Recordó que en la reforma laboral aprobada en 2019 existe la posibilidad de eliminar registros de los sindicatos cuando se comprueba que se está haciendo un uso incorrecto de ellos; señaló que en algunos casos, los contratos de protección se utilizan para extorsionar a los empleadores, más allá de cumplir con su propósito original.
“Hay un terreno, incluso en la reforma laboral se abre la posibilidad, dentro de la Ley a través de un procedimiento jurisdiccional, de poder eliminar registros sindicales cuando se comprueba que estos están haciendo mal uso de los registros sindicales, cuando lejos de defender a los trabajadores se usa para el chantaje y la extorsión”, dijo.
“Los contratos de protección que existen en nuestro país no nada más han existido para proteger empleadores, han dañado mucho a las empresas porque se utilizan como medio de chantaje. Todo mundo conoce, por ejemplo, en el mundo de la construcción cómo todavía no se pone el primer ladrillo y ya llegan a extorsionar”.
Bello Valenzo fue aprehendido el pasado 13 de agosto, acusado de haber participado en el secuestro exprés de un grupo de trabajadores de la construcción, ocurrido en 2018.
Luego de su detención, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer el bloqueo de las cuentas del líder sindical, seis personas cercanas y cuatro empresas vinculadas a él; se le acusa de operar una red de prestanombres para lavar dinero producto de delitos como secuestro, extorsión y despojos.
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