Los municipios de la frontera norte y sur del país, así como todos lo que se encuentran en la ruta migratoria, no cuentan con los recursos extraordinarios o adicionales ni con la infraestructura, los programas con albergues y comedores que se requieren ante una posible deportación masiva de migrantes, como lo anunció el próximo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a partir del 20 de enero de 2025.
Municipios como Tijuana, Mexicali, Ciudad Juárez, Nogales, Reynosa, Nuevo Laredo y Tapachula, entre otros, podrían recibir al menos medio millón de mexicanos que serían deportados en 2025 como parte del millón de repatriados con el que ha amenazado el magnate.
El presidente de la Comisión de Desarrollo Municipal del Senado de la República, Mario Vázquez Robles, lamentó que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2025 Morena y sus aliados no etiquetaron recursos para los municipios frente a las posibles deportaciones masivas, por lo que se prevé que la crisis humanitaria se agrave aún más.
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Recordó que el gobierno federal ejerce 86% del gasto contributivo y los estados y municipios sólo 12%, una fórmula injusta que debe revisarse de cara a las deportaciones de cientos de miles de mexicanos que no tendrán recursos para sobrevivir en las ciudades fronterizas.
En entrevista con EL UNIVERSAL, expuso que prácticamente todos los municipios fronterizos son las autoridades de ese nivel, apoyados por organizaciones civiles y religiosas que enfrentan el fenómeno de la migración, tanto de extranjeros que llegan para intentar cruzar a Estados Unidos, como mexicanos que son deportados o que están huyendo de la violencia en sus pueblos.
“De por sí los recursos públicos que tienen los municipios son limitados en materia de infraestructura, vivienda, agua potable, drenaje, servicios de salud, y si a eso le agregamos cientos de miles de mexicanos que llegarán deportados, será una grave crisis”, dijo en entrevista.
El senador del PAN lamentó la desatención por parte del gobierno federal en temas como la salud, vivienda, agua potable y drenaje, que se colapsarán si se concretan las advertencias de Donald Trump.
Incluso, indicó, hay municipios que no son fronterizos y están atendiendo el tema de migración, como son los casos de Chihuahua y Jiménez, donde los alcaldes tienen que desatender programas para enfocarse en el apoyo para personas en tránsito, porque tienen que proveerles de alimentación, hospedaje, cuidados y seguridad.
Vázquez Robles dijo que en Ciudad Juárez también es evidente el descontrol y la ausencia de una migración ordenada —como presume el gobierno federal—, lo cual está ocasionado problemas sociales y la violación de derechos humanos de los extranjeros que buscan cruzar.
“Todos los municipios fronterizos enfrentan la desatención del gobierno federal, no sólo de los migrantes, sino de los mexicanos deportados. No hay una política de atención (...) y no hay recursos etiquetados para 2025 ni ampliación de albergues o comedores”, dijo.
Agregó que Estados Unidos sigue tratando a México como su “patio trasero” y obligándonos a detener a los migrantes, cuando nuestra frontera sur es muy porosa y la norte ya se convirtió en un embudo.
Sin recursos etiquetados
La organización México Evalúa expuso que el Instituto Nacional de Migración (INM) tiene recursos proyectados de 1.6 mil millones de pesos para 2025, una reducción aproximada de 15% (-0.3 mil millones) respecto a los 1.9 mil millones aprobados para 2024. Es el peor monto asignado en más de 18 años.
“Esta disminución podría entorpecer el control del flujo migratorio, así como la protección de los derechos de los migrantes (...) Donald Trump, presidente electo de Estados Unidos, ha amenazado con imponer aranceles de 25% a México si el gobierno no toma medidas efectivas para frenar la migración de personas hacia Estados Unidos”, señala en un informe.
Municipios fronterizos como Tijuana, una de los ciudades con mayor presencia de migrantes y de mexicanos que huyen de la violencia y buscan cruzar hacia a Estados Unidos, o ya fueron deportados, tendrá en 2025 un presupuesto insuficiente para atender a esa población y, como ha ocurrido en los últimos años, los albergues de organizaciones civiles y religiosas serán los que —sin recursos públicos o apoyos de los tres niveles de gobierno— deberán atender esta crisis.
Para 2025, el Cabildo de Tijuana propuso 12 mil 489 millones 123 mil 485.39 pesos para 2025; esto es 15% más que el presupuesto modificado de 2024.
Sin embargo, la Dirección Municipal de Atención al Migrante de Tijuana, sin dar a conocer el monto, calificó como insuficiente el presupuesto destinado a la atención de personas en movilidad.
José Luis Pérez Canchola, titular de la dependencia, subrayó la necesidad de una política más coordinada entre el ayuntamiento, el estado y la Federación ante la creciente afluencia migratoria en la ciudad. Ante ello, exhortó al gobierno federal a restituir el Fondo de Migralidad, eliminado años atrás, para apoyar a los albergues de la frontera.
“Es positivo que lleguen 60 mil millones de dólares en remesas al país, de los cuales Tijuana recibe 700 millones, pero no hay un dólar para atender a un deportado que llega enfermo y sin comida. El llamado es al gobierno federal”, subrayó.
Actualmente, la red de albergues en Tijuana atiende a cerca de 4 mil migrantes, aunque su capacidad máxima es para poco más de 5 mil personas. Sin embargo, muchos viven en condiciones precarias.
El director del Alberge Ágape en Tijuana, Albert Rivera, recordó que hace cinco meses solicitó al gobierno de Baja California el apoyo de 50 despensas para atender a la población en ese refugio, que son principalmente viudas y huérfanos que huyen de la violencia en México y buscan asilo en Estados Unidos.
Sin embargo, no hubo respuesta de los tres niveles de gobierno, como tampoco han respondido a una solicitud para importar despensas donadas por bancos de alimentos de Estados Unidos. “Ni siquiera hay voluntad del gobierno mexicano para ayudarnos con esos permisos aduaneros”, lamentó.
Cuestionado sobre los apoyos o presupuesto a niveles estatal y municipal para atender las deportaciones de mexicanos y de otras nacionalidades a partir del 20 de enero, dijo que la apuesta es que sea la Secretaría de Bienestar a nivel federal quien se haga cargo de la crisis.
En el caso de Ciudad Juárez, otro de los embudos de la migración nacional y extranjera, se aprobó por parte del cabildo un presupuesto calificado como “histórico” por un monto de 9 mil 325 millones de pesos, un 8% más que en 2024.
A pesar de ello, la atención a migrantes no es prioritaria para este municipio, cuya responsabilidad es la Dirección de Derechos Humanos, donde no se desglosa el monto preciso, a diferencia de que se privilegia el gasto corriente, patrullas para la policía y obras de infraestructura.
Asimismo, se crean dos nuevas dependencias con la burocracia que ello implica: el Centro Fundacional y Bienestar Animal. Es decir, se le da mayor énfasis a la protección de fauna doméstica que a la crisis migratoria en Ciudad Juárez este 2025.
En contraparte, Reynosa contempla un presupuesto de 2 mil 853 millones 519 mil pesos para 2025, dentro de los cuales tiene etiquetados 1 millón 680 mil pesos para el Patronato Pro Construcción de la Casa del Migrante A.C.
Asimismo, publicó el pasado 4 de diciembre el decreto “por el que se reforman diversos artículos de la Ley de Migración y de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político en materia de Infancia Migrante”, que reforma la ley del 11 de noviembre de 2020.
En el mismo se habilitan para la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y la Familia, del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del municipio de Reynosa, los días inhábiles que sean requeridos a efecto de que se realicen las actuaciones administrativas necesarias para garantizar la inmediatez de la canalización de niñas, niños y adolescentes en contexto de migración a los centros de asistencia social.
Asimismo, se habilita el Centro de Atención a Menores Fronterizos, espacio habilitado para la recepción y atención integral de niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales en contexto de migración; deberá contar con un modelo de atención vigente, así como un reglamento de operación que deberá contar con un enfoque de derechos humanos.
El municipio de Tapachula, Chiapas —en la frontera sur y el cual es la puerta de entrada de miles de migrantes centroamericanos, sudamericanos y caribeños, de los cuales un porcentaje se queda en espera de los documentos migratorios o salvoconductos—, no ha transparentado el presupuesto que ejercerá en 2025 ni si tiene alguna partida o programa específico para migración.
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Al respecto, activistas y abogados exhortaron hace unos días a la presidenta Claudia Sheinbaum a otorgar mayores recursos y programas para atender el fenómeno migratorio en la frontera sur y específicamente para la ciudad de Tapachula, donde miles de extranjeros pernoctan en las calles y plazas públicas.
El presidente de la Barra de Abogados de Chiapas, Edgar Gerardo Torreblanca, alertó que la actual crisis humanitaria se podría agravar aún más en el marco del amago de deportar a un millón de migrantes cada año. Aseveró que es urgente que al municipio de Tapachula y otros de la frontera sur se le destine un mayor presupuesto para dar atención a las familias migrantes que llegan constantemente, y así poder atenderlos con dignidad y mejorar los servicios básicos, pues la demanda de agua, luz, transporte, salud y vivienda está en aumento.
“Con los pocos recursos e infraestructura en cuanto a servicios públicos, de vivienda, salud y alimentación con que cuenta Tapachula no va a poder hacerle frente a esa migración masiva”, concluyó.