Al lamentar que el mayor número de agresiones contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos provenga de las propias autoridades, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas Rodríguez, indicó que más de 45% de los ataques registrados son de alguna autoridad municipal.

Encinas Rodríguez afirmó que esta situación tendrá que frenarse con la actuación firme y enérgica del Estado mexicano y de todas sus instituciones, para erradicar la impunidad y la falta de justicia.

El funcionario subrayó que con la suscripción del primer convenio a favor de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas en Coahuila se da una señal para la conformación de una agenda que responde a una nueva cultura de respeto, garantía y ejercicio pleno de los derechos humanos, lo que marca un paso importante para que se replique en todo el país.

Acompañado por el gobernador de ese estado, Miguel Ángel Riquelme Solís, el subsecretario afirmó que “necesitamos sumar esfuerzos, asumir nuestras responsabilidades, fortalecer los lazos con la sociedad civil, las personas defensoras de derechos humanos y periodistas para enfrentar una situación emergente, la violencia, que lamentablemente ha afectado el ejercicio de la libertad de expresión y ha afectado a quienes defienden los derechos humanos en el país”.

Durante la firma del convenio de coordinación para proteger, promover y garantizar los derechos de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, detalló que actualmente se tienen incorporadas más de mil 500 personas en el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Sobre el contexto en que se dan estas agresiones en el país no sólo se asocia a la violencia delictiva, sino que hay otros factores que agravan la situación.

“Estos factores son problemas de corrupción e intolerancia en el ejercicio de la defensa de derechos humanos y del periodismo, donde lamentablemente el mayor número de agresiones proviene de las propias autoridades; más de 45% de las agresiones que tenemos registradas dentro del mecanismo son de autoridades, particularmente del ámbito municipal”, resaltó.

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