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El Consejo General del INE impuso multas por 586 millones de pesos a todos los partidos, por irregularidades en el manejo de sus financiamientos ordinarios durante 2018.
Las irregularidades más frecuentes fueron las cuentas pendientes por cobrar (ingresos de fuentes ilícitas), deudas, gastos sin comprobar o sin objeto partidista y no destinar recursos para el liderazgo político de las mujeres.
El INE redujo 128 millones de pesos a las sanciones previstas —que se estimaban en 714 millones de pesos. Morena fue el más multado, con 238 millones de pesos; el PAN, 69 millones de pesos; el PRD, 65 millones de pesos, y el PRI, 56.3 millones de pesos.
El PT tuvo multas por 56.9 millones de pesos; Movimiento Ciudadano, 37.6 millones de pesos; PVEM, 28 millones; Nueva Alianza, 13.6 millones de pesos, y Encuentro Social, 3 millones de pesos, en tanto que los partidos locales sufrieron castigos por 16.1 millones de pesos.
Alertan conversión de partidos en membretes
Pero las multas quedaron en segundo término, pues los consejeros cuestionaron que los partidos analicen condonarse el pago de mil 38 millones de pesos en sanciones.
Esto porque ayer se discutiría en la Cámara de Diputados la reducción del financiamiento a partidos a la mitad, y una propuesta alterna, planteada por el PVEM, para reducir 20% las prerrogativas, pero a cambio de perdonar todas las multas pendientes hasta hoy; quedar exentos de la obligación de tener un mínimo de militantes en el padrón y de tener órganos de dirección democráticos, además de poder gastar “libremente” en gestión social.
De prosperar, los partidos están por convertirse en “maquinarias para hacer negocios”, advirtió el consejero Jaime Rivera. Serían “agencias de colocación política”, sostuvo Ciro Murayama.
Éste alertó además que validar que los partidos gasten en gestión social sería “legalizar la entrega de dádivas y la compra del voto. Desaparecer la obligación de tener un padrón de militantes y una estructura orgánica llevaría a tener partidos virtuales que reciben financiamiento y postulan candidatos”.
Incluso perdonar mil 38 millones de pesos representa no destinar esos recursos al Conacyt, recordó.
“Es un golpe a la democracia y al sistema de partidos”, dijo la consejera Pamela San Martín. “¿Para qué multamos si están planteando eliminar multas (…) un indulto desde el Congreso? Eso no es aceptable”.
Marco Antonio Baños destacó que eximirse de tener un padrón conforme a la ley los exentará de tener al menos 0.26% de la Lista Nominal para conservar el registro; “es un abuso en la capacidad de hacer leyes”.
“Quieren los partidos quedar fuera del imperio de la ley y no pagar multas ya confirmadas por el Poder Judicial”, agregó al consejera Claudia Zavala.
“Están buscando debilitar al propio Estado y eso sí me preocupa muchísimo. Un partido no puede hacer gestión social, eso debilita los 40 años que llevamos construyendo nuestra democracia. También se están despachando con los remanentes rompiendo con el principio de anualidad en el financiamiento público. Se descartan los derechos de transparencia, rendición de cuentas, derechos de protección de datos personales”, agregó.
