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Llena de miedo por la violencia física, sicoemocional y económica que su expareja ejerce sobre ella, Karla, cuyo nombre fue modificado para proteger su identidad, acudió a la Fundación María Teresa Ealy Díaz para pedir auxilio, pues las autoridades de Celaya, en Guanajuato, minimizaron sus denuncias y su vida está en peligro.
En una plática con la activista social y abogada María Teresa Ealy Díaz, Karla aseguró que aunque ha seguido los procesos respectivos para ser protegida y defendida por las diversas autoridades de Celaya, fue revictimizada, ignorada y muchas veces presionada para desistir de la demanda y denuncias en contra de su agresor.
Los agentes de seguridad que atendieron a Karla tampoco dictaron medidas de protección, dejándola desamparada y expuesta —igual que a sus hijos— a conductas violentas que su agresor continúa ejerciendo en su contra.
“Ya no sólo sufrimos la violencia del agresor, el castigo y desprecio social, sino que las autoridades y los procesos lentos son aun más devastadores. Los patrones de los agresores se repiten una y otra, y otra vez (...) Es demanda tras demanda y candado tras candado, y puede durar años, donde la mujer y los niños son las víctimas.
“Tu agresor te agrede, lo denuncias y él tiene todos los derechos. Aun así, te piden encontrarlo para que le notifiquen que no paga los alimentos de los niños, pero él te denuncia y tú eres ‘inculpada, delincuente, criminal’, eres lo peor, y ponen mil excusas y palabras legales rimbombantes que te llenan de terror, y te dicen mentirosa y que no grites, aunque no estés gritando ni mintiendo”, expresó Karla —con dolor y profundo miedo— al referirse a las negligencias a las que se enfrenta.
Su agresor, de nacionalidad española, vivía en México. Ambos se conocieron en España, donde empezaron una relación sentimental y tuvieron tres hijos.
Karla detalló que su expareja tiene antecedentes penales en España, pues en 2022 fue detenido por violencia doméstica, de género, lesiones y maltrato familiar en su agravio y de sus tres hijos menores de edad. Luego, a través de chantajes, victimismo, falsas promesas y engaños la trasladó a México, donde escalaron las agresiones.
“Como todo agresor, a través de promesas falsas y manipulación me convenció de regresar a México diciéndome que si ejercía violencia y control nuevamente, él nos regresaría a España sin mayor problema”, narró la mujer.
La violencia y el control se fueron incrementando cada vez más; el agresor tenía acceso a todas sus cuentas de redes sociales e impedía que la víctima tuviera comunicación con familiares y amigos mediante jaloneos y bajo la amenaza de que, si lo hacía, le quitaría todos sus ingresos económicos.
“Me amenazaba diciéndome que me había denunciado y que me metería a la cárcel. También en reiteradas ocasiones me decía que no iba a seguir pagando la renta hasta que yo me saliera [de la casa] y que, si me salía, llegaría escoltado a llevarse a mis hijos.
Karla acudió a la embajada de España en México a pedir ayuda, pero le dijeron que su agresor ya había acusado que ella le ocultaba a los niños y que lo había corrido de la casa, “un sinfín de mentiras”, recordó la mujer.
Cuando Karla se quería mover a la Ciudad de México por algún motivo, su agresor la amenazaba diciéndole que le iba a enviar a los federales y la acusaría de robo. Incluso le dijo que si se trasladaba a otra ciudad con los niños la acusaría de secuestro.
Por todo lo anterior, ella le solicitó a su expareja separarse de la forma más sana posible para evitar afectar a sus hijos, pero él unicamente se burló de su petición e insinuó que con su poder económico haría todo para que las autoridades y la fiscalía estuvieran a su favor y ella “se quedara en la calle”.
Después de separarse de su expareja y buscar apoyo en el Instituto Nacional de la Mujer en Celaya, Guanajuato, organismo local correspondiente para ayudar a las víctimas de violencia de género, a Karla le pidieron llegar a un acuerdo con su agresor.
Ella quería irse a España con sus hijos por miedo a represalias, pero en el instituto le recomendaron “hacerse a la idea de quedarse en Celaya, empoderarse y no esperar nada de su agresor”, pues al no tener recursos suficientes para un buen abogado, no habría buenos pronósticos para su caso.
“Me dijeron que la defensoría pública no es mala, pero que tienen demasiados casos y no le ponen la dedicación necesaria a cada uno; en resumen: que aceptara firmar el mejor acuerdo posible que él me ofreciera, que con mi bolso de marca, a pesar de que he dependido 11 años de mi agresor, ningún juez me iba a creer que no tengo dinero”, señaló.
Karla buscó ayuda en otros organismos, hacía llamadas desde teléfonos que no eran el suyo, pues su agresor tiene acceso a toda su información, la seguía o mandaba seguir y, pese a ello, las instituciones le aseguraron no tener competencia para apoyarla con la resolución de su caso.
“Sólo nos brindaron una ayuda económica, bien recibida, que es pan para hoy y hambre para mañana, pero yo necesitaba ayuda legal, asesoría, protección, acompañamiento, hasta empleo les pedí y me dijeron que no. Necesitábamos retornar a nuestro país, donde tenemos casa, familia, amigos, donde no nos falta nada a mí y a mis tres hijos, pero tenemos que malvivir aquí teniendo todo cubierto en nuestro país.
“Me separé de nuestro agresor para ser libres y ahora es mucho peor el control, la violencia y el miedo. Fue mucho peor el remedio que la enfermedad, muchos días me culpo por separarme de él, por las carencias materiales que viven mis hijos y por el miedo extremo, la incertidumbre y desesperación de no saber qué va a pasar, que más es capaz de hacer el progenitor de mis hijos por destruirme a mí sin importarle nada”, testificó.
Karla recurrió a una abogada particular, quien la apoyó hasta el día en que conoció a su agresor y abogado: “Me dijo que ella había trabajado con él y que a partir de ese día no podía ayudarme por problemas de salud”.
“Me dijo que me buscara urgentemente un abogado de la defensoría pública porque él me había demandado en lo civil y sólo tenía unos días para contestar su demanda o darían por hecho que lo que el decía era cierto”, explicó.
En el Instituto Federal de la Defensoría Pública le dijeron que no podían ver su caso sino hasta después de los primeros días de enero, cuando se reincorporaran a sus labores. Karla se llenó de terror, ya que las amenazas de muerte en su contra no se detenían.
Fueron meses de ir y venir a instituciones en busca de protección para ella y su familia. Sin embargo, no encontró la ayuda que necesitaba —señaló— por las negligencias de los sistemas de gestoría de procedimientos legales y la preocupante impunidad que existe en torno a la violencia de género.
“Te da miedo, agachas la cabeza y callas aunque no estés gritando, porque si la autoridad dice que estás gritando mejor te callas, y te piden que no te vuelvas a presentar ni hablar ahí sin un abogado, de preferencia que sea alguno de la red de amiguismo y entonces todos esos profesionales (...) se convierten en la mayor red de apoyo y cómplices de tu agresor.
“Esto que nos está ocurriendo a mis niños y a mí se repite en todos y cada uno de los (...) testimonios que he escuchado de mujeres y sus hijos, una auténtica pesadilla que da más y más y más miedo”.
Pese a los obstáculos, ella siguió luchando y se acercó a grupos de mujeres víctimas de violencia, quienes a su vez la acercaron con personas que podrían ayudarla, pero sólo le sacaron dinero y le pidieron empoderarse para tratar de resistir por su cuenta.
Aunque ya fueron dictadas medidas provisionales por una jueza de lo Familiar, el agresor no las respeta y además no paga la renta de la casa donde habita la víctima con sus tres hijos.
En suma, las autoridades han ignorado el caso aunque la víctima se encuentra en peligro; en Celaya ni siquiera se le ha brindado protección o seguridad a ella y sus hijos, vulnerando así tanto sus derechos como mujer a una vida libre de violencia como los derechos del interés superior del menor.
Finalmente, en diciembre pidió ayuda a través de Instagram a la abogada María Teresa Ealy Díaz, quien inmediatamente le respondió brindándole apoyo a través de su fundación.
Con los escritos de la abogada María Teresa Ealy Díaz, se ha presentado en el Ministerio Público para continuar con su proceso, pese a su temor a represalias.
Sin embargo, la Fundación María Teresa Ealy Díaz le brindó a Karla la esperanza de ver una luz en el camino.
“En cada lugar donde he pedido trabajo, él va detrás, habla mal de mí y de mi familia o se hace la falsa víctima y muchos le creen, se ponen de su lado o prefieren no meterse, (...) [eso] es ponerse del lado del agresor y dejar aún más sola y aislada a la víctima.
“La masacre de un proceso legal para una víctima de violencia es aún más violencia, día y noche, noche y día, lidiar con el miedo y ahora, ¿qué más va hacer mi agresor en mi contra de manera legal y cómo me defiendo? Es el pan de cada día para mí, más ser madre e intentar que mis hijos pasen este proceso de la manera que menos les afecte a ellos, porque es el precio que tienen que pagar por elegir estar y vivir con mamá en lugar de papá.
“Muchas gracias, María, por favor sigue con nosotros. Todos los años venía el show de Los Reyes a casa y entregaban todos sus regalos y este año no va a ser así. Me da tristeza por ellos, pero sé que en lugar de eso el regalo eres tú y todas las personas que han hecho este equipo para sacarnos de aquí”, expresó Karla a la abogada María Teresa Ealy Díaz.
