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El Instituto Nacional Electoral (INE) detectó 17 mil 776 firmas de personas fallecidas que fueron entregadas para solicitar la realización del ejercicio de revocación de mandato, de las cuales casi 15 mil fueron proporcionadas por la organización Que Siga la Democracia.
El proyecto, que propone multar a la asociación con medio millón de pesos, así como dar vista a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, fue aprobado por la Comisión de Quejas y Denuncias, y deberá votarse en la próxima sesión del Consejo General del INE.
La organización Que Siga la Democracia es encabezada por la morenista Gabriela Jiménez, quien incluso fue candidata a una diputación federal por el partido Morena.
En la sesión de la comisión, el consejero electoral Ciro Murayama explicó que la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores hizo una investigación sobre los supuestos apoyos a este ejercicio, porque correspondían a nombres de ciudadanos fallecidos con antelación a que iniciara el proceso de recolección de firmas.
Recordó que durante este periodo se entregaron un millón 382 mil mediante la aplicación del INE y en físico la cifra fue de 9 millones 759 mil apoyos.
“En estos formatos físicos advertimos que no hay control que permita asegurar que hay una persona con su voluntad detrás de cada apoyo”, puntualizó.
El consejero advirtió que esta organización tuvo acceso a fotocopias de credenciales de personas fallecidas y falsificaron firmas, es decir, se hizo un uso ilegal de datos, lo que constituye un delito.
La consejera electoral Claudia Zavala lamentó el uso indebido de documentos oficiales en un ejercicio de participación ciudadana que tendría que tener apoyos auténticos.
“Queda evidenciado el comportamiento antidemocrático, respecto de la recabación de algunos apoyos para el tema de revocación de mandato”, subrayó la consejera.
“No se verificó que ya habían muerto y están dando apoyos. Eso sí es de lamentar, es un comportamiento que no corresponde a demócratas, sino a un sistema donde se abusa de los instrumentos que la ciudadanía dio para algún otro trámite y le están dando un uso indebido”, señaló Zavala Pérez.
En tanto, dijo que, si bien el INE no tiene facultades en materia penal, insistió en que se deben desplegar las acciones necesarias contra esta falta, porque constituye un delito electoral.
En junio del año pasado, la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) detectó que al menos 401 espectaculares para promocionar el pasado ejercicio de revocación de mandato se adquirieron mediante operaciones con terceros o prestanombres, y halló, de manera preliminar, diversas irregularidades al fiscalizar los gastos que se utilizaron en ese ejercicio.
El órgano electoral detectó también que algunos contratantes de los anuncios espectaculares recibieron depósitos en efectivo para que pudieran solventar el gasto de los anuncios e, incluso, encontró transferencias desde el extranjero.
En otros casos, los anuncios fueron contratados por ciudadanos que solamente fueron identificados con el nombre de pila, sin apellidos.
El 10 de abril del año pasado, con una participación de 17% del padrón, nueve de cada 10 participantes en la consulta de revocación de mandato votaron a favor de la continuidad del Presidente en el cargo hasta el fin de su mandato en 2024.
