La bancada de Morena en la Cámara de Diputados planteó incrementar de 4 a 5 los integrantes de la Sección Instructora, con el fin de eliminar los empates que derivan en peticiones de desafueros atoradas. Sin embargo, la propuesta prevé que sea el partido mayoritario quien determine el destino de los procesos.
Actualmente la instructora está integrada por 2 morenistas, un panista y un priista, por lo que, en la mayoría de los casos, al haber 2 oficialistas y 2 opositores, las solicitudes de procedencia terminan en empate, sin que se pueda aprobar o desechar un dictamen en la materia.
Por lo anterior, el diputado guinda, Leonel Godoy planteó este martes una reforma a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, para pasar de 4 a 5 el número de integrantes, lo que permitiría, entre otros asuntos, dictaminar la petición de desafuero contra el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno.
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"El objetivo es romper el empate que, en este momento, existe en ambas secciones instructoras y con mayor énfasis en la Sección Instructora de la Cámara de Diputados. Este órgano funciona así desde hace 24 años y, obviamente, eran tiempos diferentes. En aquellos años el PRI era partido hegemónico y no pasaba nada con que fueran cuatro, tres o un miembro de la Sección Instructora porque se hacía lo que se decidía políticamente, principalmente por el Presidente de la República, pero los tiempos han cambiado", declaró.
Leonel Godoy explicó que actualmente, al haber dos morenistas y dos opositores, "ocurre muy seguido que si no acepta la oposición propuestas de desafueros de personajes que son afines a ellos es imposible que se pueda realizar esta acción legislativa".
El legislador, quien también integra la Sección Instructora, dijo que Morena sí ha aceptado votar en contra de diputados incluso de su partido: "Tenemos el caso de tres diputados, uno que está fugado en Chile, y dos que están sujetos a proceso, un poblano y un hidalguense".
Por lo anterior, insistió en que debe de romperse este empate "con la finalidad de que los grupos parlamentarios que tengan mayoría sean los que determinen el rumbo del desafuero sin tintes políticos, exclusivamente jurídicos, y que no al revés, que tintes políticos impidan que las decisiones jurídicas se tomen"
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