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Para considerar como discriminación el estigmatizar y restringir arbitrariamente derechos a personas con síntomas o diagnosticadas por alguna enfermedad de trasmisión viral aérea, la diputada morenista Nelly Minerva Carrasco Godínez presentó una iniciativa para reformar el artículo 9º de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación .
La propuesta también busca considerar como discriminación el restringir arbitrariamente el ejercicio de derechos y libertades a cualquier persona mayor, y el estigmatizar e incitar al odio o violencia en contra de cualquier persona, por el ejercicio de su profesión u oficio dentro o fuera de su área laboral.
La iniciativa, remitida a la Comisión de Derechos Humanos , expone que el Estado tiene la obligación de garantizar el goce y ejercicio de los derechos humanos de todas y todos, sin importar que se trate de personas adultas mayores que han contraído algún virus y se han recuperado, o que en el caso del personal de salud, deban desempeñar su profesión en primera línea frente a una pandemia; al contrario, se debe reconocer su ardua labor.
Menciona que con la llegada del virus SARS-CoV-2 ( Covid-19 ) al país, además de provocar contagios y cobrar miles de vidas, surgió también un fenómeno que se sumó al complejo cuadro social que se desarrolló con relación a la epidemia: se trata de la violencia y discriminación hacia el personal de salud, personas que resultaron contagiadas y personas adultas mayores.
A éstos últimos, añade, se les forzó a permanecer en confinamiento, aun cuando no se encontraban diagnosticadas, sin tomar en cuenta sus condiciones sociales y económicas. En el país, hay cerca de 15.4 millones de personas mayores de 60 años. Es decir, “de ninguna manera se trata de un sector menor de la población”.
Carrasco Godínez argumenta que se presentaron casos derivados de la pandemia donde personas adultas mayores y personas con alguna discapacidad perdieron sus empleos, por el estigma de su estado de salud derivado de su edad o discapacidad, vulnerando sus derechos y libertades.
Lo mismo, añade, ha sucedido con las personas que, aun cuando cuentan con diagnóstico negativo del virus, pero por el simple hecho de presentar síntomas similares, así como con el personal médico que haya tenido contacto o no con pacientes infectados con el virus, han visto violentados sus derechos humanos y, por tanto, se ha caído en discriminación.
Por ello, considera fundamental para el Estado, adoptar las medidas sanitarias necesarias que permitan de manera eficaz combatir la enfermedad, ampliar las situaciones y los escenarios que puedan considerarse como discriminación en el ordenamiento jurídico mexicano, evitar y eliminar la estigmatización a las personas por causa de su edad, contagio o giro de sus actividades laborales.
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rcr
