La dirigencia nacional de Morena retomó las exigencias hechas por gobernadores del país para acelerar inversiones en entidades e ir a nuevo pacto fiscal , pero a futuro, no ahora y con fines políticos.
Por ahora la “agresiva campaña para impugnar el pacto fiscal federal” que despliegan algunos mandatarios no mide las consecuencias que se pueden desatar “al promover una lucha entre los estados de la federación. Ello sólo provoca el encono y un debilitamiento nacional para enfrentar la emergencia económica y financiera” dijo el dirigente de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar .
“Carecen de justificación. Ellos saben bien que en 2020 tendrán transferencias de recursos por el orden de los 2 billones de pesos y conocen perfectamente que la Secretaría de Hacienda ha realizado un gran esfuerzo por el adelanto de participaciones”, expuso.
El diputado con licencia aseguró que este no es momento de pensar en los procesos electorales de 2021 y que “la campaña que ellos han emprendido pretende vulnerar la acción del Ejecutivo Federal”.
Reconoció empero –frente a la exigencia de recursos extraordinarios para hacer frente a la pandemia- que los recursos hasta ahora recibidos por las entidades se inscriben en lo acordado en la Ley de Coordinación Fiscal y con base en las metas de recaudación establecidas en la Ley de Ingresos de la Federación.
Ramírez Cuéllar se pronunció por una revisión del pacto fiscal que considere el papel de los gobiernos estatales y municipales, pues en promedio, más del 80% de sus ingresos proviene de la Federación.
“Es claro que estados y municipios requieren de una gran inyección de recursos públicos para enfrentar sus necesidades de infraestructura, pensiones, gasto social y garantizar la salud de los mexicanos. No obstante, no se les ha abandonado, como afirman algunos gobernadores”.
El dirigente admitió que es “urgente el encuentro inmediato de las autoridades municipales, estatales y federales para potenciar los actuales recursos de los fondos federalizados, elevando la participación de Banobras y la mayor flexibilidad y eficiencia de los recursos manejados por los programas de bienestar”.
También vio necesario acelerar inversiones bajo los esquemas de asociación entre la inversión pública y privada y la aplicación de los programas de reducción y restructuración de adeudos con Comisión Federal de Electricidad (CFE), Conagua, entre otros, y que fueron aprobados por el Congreso de la Unión.
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