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Ante la decisión del Congreso de Baja California para ampliar el mandato del próximo gobernador de la entidad, Jaime Bonilla, de dos a cinco años, la oposición y el Partido del Trabajo demandaron al Senado pronunciarse y la mayoría de Morena asegura que esperará a lo que resuelva la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Expertos constitucionalistas expresaron que es más viable interponer una acción de inconstitucionalidad ante la prorrogación del tiempo en el cargo del próximo gobernador bajacaliforniano que el Senado avale la desaparición de poderes en la entidad.
El pasado 8 de julio, el Congreso de Baja California aprobó, por 21 votos a favor —uno nulo, con tres ausencias— una reforma al artículo Octavo Transitorio del Decreto 112, que amplía el próximo gobierno del estado de dos a cinco años.
Ese día solamente el panista Miguel Osuna Millán se manifestó públicamente en contra, mientras que los ausentes fueron los diputados del Partido Baja California (PBC), Transformemos y el de Acción Nacional (PAN), Andrés de la Rosa Anaya.
Durante esa jornada, el legislador de Morena Víctor Manuel Morán lanzó la propuesta para derogar el decreto que reducía el periodo de la próxima administración estatal para que cuando terminara empatara las elecciones locales con las federales, a fin de reducir costos en la producción de los comicios.
La propuesta del nuevo dictamen propuso que la gubernatura entrante —de Jaime Bonilla Valdez— sea de cinco años, de 2019 a 2024, mientras que la siguiente será de seis años, de 2024 a 2030.
Ayer, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, señaló que si bien podrían acompañar alguna de las acciones inconstitucionales que se presenten, el Senado como órgano legislativo no actuará por sí solo y esperará a que sea la Corte la que resuelva, aunque dijo que también dialogará con los coordinadores de las demás bancadas.
“El Senado acompañará este tipo de procesos [acciones de inconstitucionalidad] como parte coadyuvante. Estamos atentos a la publicación de la reforma, a la interposición de los recursos que se hagan, y en su momento el Senado expresará alegatos para cuidar el Pacto Federal, respetar la Constitución y establecer una relación armónica con esa entidad federativa sin que se vulnere la voluntad popular”, refirió en conferencia.
Por separado, la senadora Alejandra León Gastélum informó que la bancada del PT en el Senado solicitó al presidente de la Comisión Permanente del Congreso, Martí Batres, atender el tema de la “ilegal” ampliación de mandato en Baja California por parte del Congreso local.
“Nos sumamos a las voces de otros actores políticos. No podemos dejar pasar por alto lo que sucedió en Baja California, porque atenta contra el pacto federal, contra la vida democrática del país, sobre todo cuando los de izquierda hemos luchado. No podemos dejar que sea manchado por los diputados de todos los partidos, pero el que presenta la iniciativa de reforma es el diputado Víctor Morales, de Morena”, expresó.
León Gastélum indicó que si bien ellos son aliados de Morena, no están de acuerdo con lo ocurrido, por lo que no considera que estén afectando al partido mayoritario ni su relación con éste, sino que están en defensa del Estado de derecho, la vida republicana, democrática y respeto al pacto federal.
La senadora Kenia López (PAN) reiteró que su partido presentará una acción de inconstitucionalidad, pero también porque se disuelva el Congreso de Baja California, como se ha propuesto por parte de legisladores de Morena.
“Es necesario reconocer que hubo una ilegalidad en Baja California, que hubo una irresponsabilidad y que, por supuesto, hay un tufo de corrupción que se tiene que resolver. Si desaparecer [los Poderes] resuelve lo sucedido, evidentemente [lo] apoyamos, [porque] es algo que no podemos permitir, [ya que] si sucede en Baja California, después puede ocurrir en cualquier parte del país”, añadió.
El senador Samuel García (MC) dijo que ante los pronunciamientos de desaparecer los Poderes en Baja California, su partido está por presentar una acción de inconstitucionalidad, ya que se violó la “certidumbre y la seguridad jurídica en este madruguete, en esta ley Bonilla que amplía el plazo de dos a cinco años para ser gobernador”, externó.
El coordinador del PRD, Miguel Ángel Mancera, comentó que como lo hizo público la dirigencia del sol azteca, ellos también van por una acción de inconstitucionalidad por atentar contra el orden jurídico constitucional: “Al gobernador electo lo que deberían darle sus asesores es información, porque se está afectando el régimen constitucional, sin ninguna duda”.
Expertos opinan. Expertos constitucionalistas consultados por EL UNIVERSAL consideraron más viable interponer una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte contra la ampliación de mandato a que el Senado avale desconocer los Poderes en la entidad.
Vidal Romero León, jefe del Departamento de Ciencia Política del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), aseguró que es plausible la desaparición de Poderes, pero consideró que por el proceso que implica sería más viable la acción de inconstitucionalidad.
“El Senado debe solicitarlo y la Suprema Corte decidirá, además, si se puede impugnar por cuestiones de violación a las leyes electorales”, dijo en entrevista con EL UNIVERSAL.
Julio Jiménez, académico de La Salle, explicó que él comparte la visión del presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, por eliminar los Poderes estatales, pero sólo como la última acción para solucionar el hecho.
“El Congreso local está tomando decisiones demasiado arbitrarias; aparte el gobernador está violentando el pacto federal, así que el Congreso de la Unión tiene facultades para, incluso, promover una controversia constitucional”, advirtió.
Jiménez detalló que para interponer el recurso de inconstitucionalidad se necesita la ratificación de tres municipios, que es lo que requiere la ley para que la ampliación del gobierno —dos a cinco años— proceda, y debe ser publicado en la gaceta estatal.
Raúl Mejía, académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), aseguró que la desaparición de poderes en Baja California no procede como castigo, pues es un instrumento del Congreso de la Unión para salvaguardar los intereses de una entidad cuando esté en peligro relevante.
“Históricamente, ha sido mal utilizada esta facultad como un castigo, pero eso no funciona, porque es una salvaguarda para casos extremos donde en el estado sea imposible gobernar, entonces el Congreso federal interviene para salvar la gobernabilidad”, señaló.
Mejía explicó que es mucho más factible interponer, una vez que haya entrado en vigor la reforma, un recurso de inconstitucionalidad. Añadió que la Corte ha sido muy concreta en casos parecidos.
“Es complicado instrumentar la desaparición de Poderes; la manera más fácil de hacerlo es acudir a los medios de la Suprema Corte”, dijo. Con información de Gabriela Martínez
