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Para considerar a las niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad a consecuencia del feminicidio de sus madres como víctimas indirectas del delito, proteger sus derechos, y obligar a los tres órdenes de gobierno a asignar recursos presupuestales para garantizar una eficaz asistencia, la diputada morenista Beatriz Rojas Martínez presentó una iniciativa, en la que se señala que será primordial la atención médica, alimentaria, educativa y psicológica de los menores de edad.
La propuesta busca que los protocolos de atención consideren la edad, desarrollo cognoscitivo y madurez para la implementación de las acciones de asistencia y protección respectivas, así como la reparación integral del daño, resguardando en todo momento el interés superior de niñas, niños y adolescentes.
También precisa que se extingue o se pierde la patria potestad por haber sido condenado por delito de feminicidio, y los familiares del feminicida tampoco podrán ejercer la patria potestad sobre los menores.
Plantea facultar a la Fiscalía General de la República, a las entidades federativas y la Ciudad de México, para crear un Registro de niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad por el feminicidio de sus madres que forme parte del Registro Nacional de Víctimas.
Además, las autoridades competentes se coordinarán a través de un Protocolo de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en situación de orfandad como consecuencia del feminicidio de sus madres, a fin de garantizar y vigilar el cumplimiento de la satisfacción de sus necesidades de alimentación, educación, atención médica y psicológica.
La iniciativa, enviada para dictamen a las comisiones unidas de Derechos de la Niñez y Adolescencia y de Igualdad de Género, y para opinión, a la Comisión de Justicia, menciona que cuando un feminicidio ocurre, los hijos e hijas de las víctimas de este delito quedan expuestos a mayores niveles de desprotección y abandono que ponen en riesgo no solo su salud mental, sino también la vida en su conjunto.
En algunos casos, los familiares se hacen cargo y, en otros, al no contar con redes de apoyo, deben ingresar a centros donde son institucionalizados, o inclusive hay ocasiones en las que el propio feminicida es quien asume su cuidado.
Subraya que, es alarmante que no se cuente con un registro a nivel nacional o estatal sobre cuántos y cuáles son las condiciones de las niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad por el feminicidio de sus madres. “No sabemos su cantidad, ni su identidad, mucho menos sus edades, grado escolar, quiénes quedaron a cargo de ellos o si han recibido algún tipo de atención médica o psicológica”.
Para el Gobierno Federal y los gobiernos estatales y municipales, añade, atender a este sector de la infancia debería ser una prioridad. “No podemos seguirlos ignorando, la realidad de nuestro país, permeada por esta violencia feminicida brutal y sistemática, ha dejado a muchas niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad después del asesinato de sus madres”.
Puntualiza que los gobiernos deben no sólo contarlos e identificarlos, sino también ofrecerles protección y brindarles otro tipo de ayuda, médica y psicológica principalmente, pues muchos de estos niños han atestiguado el asesinato de sus madres y ello implica afectación emocional grave.
