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politica@eluniversal.com.mx
Con 328 votos a favor, 18 en contra y 118 abstenciones, el pleno de la Cámara de Diputados avaló la modificación al artículo 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, con la cual se crean las comisiones presidenciales, entre las que se encuentran la de la Verdad sobre la desaparición de los 43 normalistas.
Tanto el PRI como el PAN se abstuvieron de votar, mientras que el PRD sufragó en contra del mismo, en razón de que no coinciden en que sea el Ejecutivo el que nombre a sus integrantes y a quien la encabece.
Además de que podrán estar conformadas por ex funcionarios, funcionarios en activo, académicos, legisladores o jueces, los cuales deberán rendir un informe al Presidente, de acuerdo con el dictamen que fue enviado al Senado para su análisis y aprobación.
La oposición, sin contar a Movimiento Ciudadano (MC), argumentó que el hecho de que jueces o legisladores tengan que rendir informes al Ejecutivo vulnera la división de Poderes.
La diputada Rocío Barrera (Morena) dijo que el proyecto permitirá la creación de la Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa, una de las promesas del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, además de construir comisiones intersecretariales, consultivas y presidenciales a través de decretos.
Claudia Reyes diputada del PRD, externó que las comisiones de la verdad se deben conformar como instancias de la sociedad y no del Ejecutivo, por lo que de no ser así, se abren las puertas a los amigos del Presidente, a fin de que tengan influencia directa en las decisiones del gobierno.
El diputado Ricardo Aguilar (PRI) precisó que las comisiones presidenciales deben ser un instrumento de apoyo y no discrecionalidad, tal como se propone, pues lejos de ser espacios de deliberación técnica, queda en duda la parcialidad y objetividad.
Arturo Espadas del PAN agregó que si bien su partido está a favor de las comisiones de la verdad, como la de Ayotnizapa, no comparten que sea el Ejecutivo quien las integre, y muchos menos que miembros de estas comisiones de los poderes Legislativo y Judicial respondan al Presidente de la República, refirió.