La bancada de Morena y aliados alistan aprobar, en fast track, la reforma del diputado Ignacio Mier para recortar más de 15 mil millones de pesos al Poder Judicial, a través de la extinción de 13 de sus 14 fideicomisos.
En tanto, la oposición alista una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
La Junta Directiva de la Comisión de Presupuesto, que preside el diputado morenista Erasmo González, circuló el dictamen la mañana de este miércoles y convocó a sesión el próximo martes para aprobar el proyecto, al que no se le movió ni una sola coma con respecto a la iniciativa que Mier Velazco presentó el pasado 6 de septiembre.
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Se prevé que el próximo martes sea aprobado por mayoría con los votos a favor de Morena, PT y PVEM, y que sea turnado a la Mesa Directiva para que, probablemente, el próximo miércoles se someta a votación del pleno.
La propuesta establece que todas las disponibilidades que existan en 13 fondos y fideicomisos del Poder Judicial “se reintegren a las finanzas del Estado mexicano”.
En su exposición de motivos, el legislador argumentó que “México se encuentra en un momento de refundación institucional”, motivo por el que el Poder Judicial está obligado a aplicar la austeridad.
Por lo anterior, la iniciativa propone que únicamente se conserven los fondos y fideicomisos previstos por la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y que se extingan aquellos mandatos que se hayan constituido y desarrollado fuera del amparo de dicha ley.
Lo anterior representa que sólo uno de los 14 fideicomisos quede vigente, siendo éste el Fondo de Apoyo para la Administración de Justicia del Consejo de la Judicatura Federal, que cuenta con 6 mil 104 millones de pesos, mientras que los 15 mil 425.9 millones de pesos que restan en los otros 13 fideicomisos “deberán reintegrarse a la Tesorería de la Federación”.
De los 14 fideicomisos, seis corresponden a la Suprema Corte, con un monto de 6 mil 241.9 millones de pesos; seis más son del Consejo de la Judicatura, con 15 mil 281 millones, y otros dos le corresponden al Tribunal Electoral, en los que tiene 15 millones 941 mil pesos.
Se agrega que, a sabiendas de que algunos de estos fideicomisos resguardan recursos para el pago de pensiones y otras prestaciones laborales que conforman derechos adquiridos, “los actos de extinción de estos mandatos jurídicos deberán respetar los compromisos contractuales de los mismos y respetar los derechos que se hayan generado, cubriéndose los montos que correspondan con cargo a los propios fideicomisos”.
Por lo tanto, “una vez solventados dichos compromisos los recursos federales remanentes, incluyendo los productos y rendimientos que hayan generado a lo largo de los años, generando ahorros financiados por el presupuesto público, también deberán reintegrarse a la Tesorería de la Federación”.
Alistan acción de inconstitucionalidad
Con respecto a este tema, el diputado del PAN Saúl Téllez, quien es integrante de la Comisión de Presupuesto, denunció que dicho órgano legislativo no tiene competencia para llevar a cabo el análisis de la iniciativa debido a que lo que se plantea reformar es la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley Federal del Trabajo, “que no es atribución y competencia de la Comisión de Presupuesto, por lo que veo una intromisión directa por parte del Poder Legislativo en facultades únicas y exclusivas del Poder Judicial”.
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El legislador albiazul consideró que la iniciativa es agresiva y va en contra de las prestaciones laborales de los trabajadores del Poder Judicial, por lo que adelantó que interpondrán una acción de inconstitucionalidad contra la propuesta.
“Si esta iniciativa agresiva, aberrante, que propone Morena llega a pasar en el pleno de la Cámara de Diputados, nosotros, en la facultad que nos da la Constitución, vamos a interponer la acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte, porque creemos que hay graves perjuicios a las prestaciones laborales y a las condiciones generales de trabajo de los trabajadores, y la ley establece que no puede haber retrocesos en los derechos laborales adquiridos, sino que, por el contrario, éstos deben seguir avanzando”, sentenció.