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El senador Ricardo Monreal Ávila llamó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ( CNDH ) a que exija la liberación inmediata de los seis jóvenes que permanecen en prisión, acusados de “ultrajes a la autoridad”, a pesar de que un juez federal ordenó su libertad por falta de pruebas y por violaciones flagrantes a sus derechos humanos .
El coordinador de Morena acusó que “esto es simplemente desacato a la resolución de un juez federal.
"Vaya justicia local que tiene la población veracruzana: omisa, mediocre y ruin. No lo merece este pueblo tan extraordinario”.
Dijo que, como presidente de la Junta de Coordinación Política, solicitará al Congreso de Veracruz que, antes de que concluya sus sesiones ordinarias o, incluso en un periodo
extraordinario, derogue el ominoso y absurdo delito de “ultrajes a la autoridad”, pues representa abuso de poder, persecución política, y arbitrariedad.
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En un mensaje que publicó en redes sociales, el senador señaló que el juez de control tenía pruebas suficientes sobre la inocencia de los jóvenes, pero no se atrevió a excarcelarlos, lo que lo convirtió en un “cómplice cómodo del autoritarismo”.
Sin embargo, el juez federal dio un plazo de 72 horas para que fueran puestos en libertad, pero el juez de control local no lo hizo y “salió de vacaciones”.
Ahora, agregó el senador, la jueza que actúa en su lugar, dado que se trata de materia penal, se excusó y alegó desconocimiento del caso.
Por ello, Ricardo Monreal insistió en que el juez federal tiene que acusar de desacato a los jueces locales y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos debe actuar de inmediato, exigir la liberación de los jóvenes y de todas aquellas personas que han sido privados de su libertad, así como la reparación del daño.
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“Así se las gastan este tipo de autoridades, de que salen y les vuelven a maquinar otro delito, como una especie de vendetta para decirles: para que aprendas y no te pongas contra la autoridad”, expresó.
Incluso en este caso, subrayó el líder de la mayoría legislativa en el Senado, los familiares o personas agraviadas tienen que denunciar penalmente por abuso de autoridad, a cualquiera que haya cometido este exceso, además de exigir la reparación del daño que les causaron.
Ricardo Monreal señaló que el delito de “ultrajes a la autoridad está de moda en algunos estados del país”, donde las y los legisladores locales, como los de Veracruz, establecieron la prisión preventiva oficiosa para tal ilícito.
La aplicación de esta medida, insistió, “representa abuso de poder, persecución política, arbitrariedad y violación flagrante a los derechos humanos”, como en el caso de los seis jóvenes, que desde septiembre pasado fueron detenidos en un centro comercial y privados de su libertad, sin que opusieran resistencia o cometieran agresiones.
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